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Artículo 316

La función del Estado en la economía consiste en:
1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.
2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.
3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía.
4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía.
5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.
6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población.
7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.
8. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública.
9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica.
10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización.
11. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país.

Presentación

El Artículo 316 se encuentra en el apartado dedicado a la función del Estado en la economía. Establece once funciones generales del Estado en la economía.

Descripción

El Artículo 316 se encuentra en el Capítulo Segundo (Función del Estado en la Economía) que corresponde al Título I (Organización Económica del Estado) de la Cuarta Parte de la Constitución Política del Estado (Estructura y Organización Económica del Estado).

 

El Artículo está compuesto por un párrafo con once numerales, cada uno de los cuales establece una función del Estado en la economía.

 

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 411 se puede afirmar que el Artículo 316 es semirrígido, puede ser reformado de dos maneras: a través de una reforma total o a través de una reforma parcial de la Constitución. En el caso de una reforma total de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. En el caso de una reforma parcial mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios o por iniciativa popular. La vigencia de toda reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio.

 

A partir de la revisión de los archivos de la Asamblea Constituyente, se puede observar que el Artículo ­­­­316 se consolida en los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional el año 2008. Tiene antecedentes en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca, en los Informes por Mayoría y por Minoría de la Comisión 19 (Desarrollo Económico y Finanzas) y en la Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad.

 

Es la primera vez en el constitucionalismo boliviano que un artículo es dedicado exclusivamente para las funciones del Estado en la economía. En textos constitucionales anteriores el tema económico no abarcaba muchos Artículos y los que hacían referencia a las funciones del Estado en la economía estaban dispersos.

Función del Estado en la economía -Temática-

La Constitución vigente está compuesta por cinco partes, la cuarta rige de la estructura y organización económica del Estado. El hecho que se dedique una de las cinco partes al tema económico, demuestra la importancia del mismo en el nuevo ordenamiento jurídico boliviano. En Constituciones anteriores el tema económico abarcaba muy pocos Artículos, en cambio la CPE vigente contiene 104 Artículos en dicha materia.

 

El segundo Capítulo del Título I de la Cuarta Parte de la Constitución enuncia las funciones del Estado en la economía y está compuesto por dos artículos, el 316 referido a las distintas funciones que tiene el Estado de planificar, regular, dirigir, participar, controlar y promover los distintos sectores de la economía; y el 317 que enuncia otra función del Estado en la economía referido al tema de planificación económica y social. De acuerdo con dicho artículo, el Estado debe garantizar la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación.

 

Marcelo Zabalaga en su análisis referido a la organización económica de la nueva Constitución, enuncia las diferencias existentes[1] entre la norma vigente y la abrogada. Entre las diferencias, la más importante viene a ser la de intencionalidad de las Constituciones:

 

Los planteamientos de la anterior CPE fueron redactados en un ámbito de menor compromiso público en el devenir de la economía, en cambio la nueva CPE ha sido redactada en un momento en que el Estado está recuperando su papel de regulador de la economía y árbitro de la actuación de los otros actores económicos. (Zabalaga en VVAA, 2010: 579).

 

Cabe mencionar que a partir de la implantación del modelo económico neoliberal en 1985, la iniciativa privada y la libre oferta y demanda redujeron el rol del Estado en la economía.

 

La recuperación del papel protagónico del Estado en la economía y de un mayor compromiso público se ven plasmadas a lo largo de la Constitución, particularmente en el Artículo 316, el cual establece las funciones que tiene el Estado en la economía. Cabe resaltar que el rol protagónico del Estado en la economía es una de las condiciones de posibilidad para el logro de la soberanía económica[2].

 

Existe una diferencia entre las funciones del Estado en la economía, planteadas en el Artículo 316 y otro tipo de funciones relacionadas con la economía, que se encuentran en toda la Constitución. Estas otras funciones serían las funciones económicas del Estado, que son las siguientes:

 

  • Derechos fundamentales–fundamentales[3]: son artículos que engloban derechos que requieren financiamiento estatal, además son de aplicación inmediata y son progresivos, es decir que no se podrá adoptar medidas regresivas con relación a alguno de estos. Los derechos enmarcados en los artículos 16 al 20 son: salud; educación; alimentación; agua; vivienda y; servicios básicos.

 

  • El Estado debe proteger y fomentar las formas comunitarias de producción (Artículo 47, parágrafo III).

 

  • El Estado debe promover las organizaciones económicas productivas rurales. (Artículo 406 parágrafo II).

 

La diferencia entre funciones del Estado en la economía (Artículo 316) y funciones económicas del Estado es que las primeras están relacionadas con el cómo el Estado regula, direcciona, o controla la economía y los mercados, y como diría Zabalaga, a la forma en que el Estado actúa como árbitro en las relaciones de otros actores económicos; las segundas son obligaciones económicas de tipo social que tiene el Estado.

 

Ambos casos se relacionan con el Artículo 9 de la Constitución, el cual menciona los fines y funciones generales del Estado, y también con el Artículo 8 que detalla los valores y principios del Estado.

 

Tanto en las funciones del Estado en la economía, como en las funciones económicas del Estado, se puede evidenciar que la Constitución tiene una concepción social más amplia que la meramente económica. Explícitamente la Constitución utiliza el factor económico como un instrumento para desarrollar el factor social de mejor manera, para lograr el vivir bien. El objetivo no es la acumulación de riqueza ni de los ciudadanos, ni del Estado.

 

El suma qamaña o vivir bien, es un principio que asume el Estado, de acuerdo con el Artículo 8, pero también es un objetivo, algo a lo que se quiere llegar a través de los postulados de la Constitución. El suma qamaña debe entenderse a partir de la crítica a la manera en la cual la modernidad entiende la vida, y la manera en como otras narrativas culturales le otorgan un sentido mucho más complejo. En este marco, Giorgio Agamben (2010) distingue la nuda vida de la forma-de-vida, ambos modelos o maneras de comprender la vida permiten realizar una lectura más crítica de la modernidad. 

 

El vivir bien se refiere a otras formas de ver la vida en todos los aspectos; en materia económica vivir bien significa que la definición clásica de economía se queda ‘chica’ respecto de los fines del Estado y de la sociedad. El vivir bien implica un grado de desarrollo que permita una convivencia armónica con todos los seres vivos. Ya no se trata  de un desarrollo basado en un progreso homogéneo implantado desde lógicas foráneas, que se refleja en números en estadísticas en datos que únicamente permiten ver una de las muchas caras que determinan si los individuos y las colectividades viven bien.

 

El suma qamaña no se relaciona con la acumulación de riquezas monetarias, más bien se trata de tener lo necesario para que todos podamos vivir bien y no para que unos vivan mejor a costa de otros. El vivir bien es una alternativa al desarrollo capitalista. De acuerdo con Evo Morales vivir bien es:

 

Donde no haya explotados ni explotadores, donde no haya excluidos ni quienes excluyan, donde no haya marginados ni marginadores. El vivir bien es vivir en comunidad, en colectividad, en reciprocidad, en solidaridad y especialmente en complementariedad. (Entrevista al Presidente Evo Morales Ayma en: Vivir Bien, 2010: 9).

 

Cabe resaltar que el término vivir bien aparece siete veces en la Constitución, dentro de los siguientes puntos: Preámbulo, principios del Estado (Artículo 8, parágrafo I), valores en los que se sustenta el Estado (Artículo 8, parágrafo II), educación (Artículo 80, parágrafo I), economía plural (Artículo 306, parágrafo I), economía social y comunitaria (Artículo 306, parágrafo III), propósitos para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica (Artículo 313).

 

Si bien el vivir bien está presente en varios puntos de la Constitución, éste tiene mayor presencia en la parte económica de la misma, en este sentido las nuevas formas de concebir la economía y de implantarla, serán fundamentales para que se logre el vivir bien.

 

Las once funciones que tiene el Estado en la Economía de acuerdo al Artículo 316 han sido articuladas en torno a cuatro categorías que se exponen a continuación.

 

[1]Las diferencias que apunta Zabalaga en el área económica están referidas a: la extensión; la profundidad y claridad; la especialización alrededor de los temas; y la intencionalidad de cada Constitución.

[2] Para mayor información sobre la soberanía económica consulte el análisis del Artículo 312.

[3] Los derechos fundamentales–fundamentales están ubicados entre los artículos del 15 al 20 (derecho a la vida e integridad, derecho al agua y a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a los servicios básicos, derecho al hábitat y a la vivienda), de acuerdo con la voluntad del constituyente, estos derechos son fundamentalísimos pues responden a las necesidades primarias y mínimos vitales de los seres vivos para desarrollar vida. Es por esto que son de aplicación inmediata. En caso de conflictos entre derechos, el criterio de interpretación deberá generalmente ponderar en favor de aquellos que se encuentren relacionados con los derechos fundamentales–fundamentales.


Concordancias

Artículo 8. Valores ético-morales. / Artículo 9, Funciones del Estado. / Artículo 16, parágrafo I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. / Artículo 16, parágrafo II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria y al agua. / Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación. / Artículo 18, parágrafo I. Todas las personas tienen derecho a la salud. / Artículo 18, parágrafo II. El Estado garantiza el acceso a la salud. / Artículo 19, parágrafo I. Toda persona tiene derecho a la vivienda. / Artículo 19, parágrafo II. El Estado promoverá planes de vivienda de interés social. / Artículo 20, parágrafo I. Toda persona tiene derecho a los servicios básicos. / Artículo 20, parágrafo II. Es responsabilidad del Estado en todos sus niveles la provisión de servicios básicos. / Artículo 37. El Estado tiene la obligación de garantizar y sostener el derecho a la salud. / Artículo 76, parágrafo I, El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral. / Artículo 77, parágrafo I. La educación como primera responsabilidad financiera del Estado. / Artículo 47, parágrafo III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. / Artículo 297, parágrafo II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado. / Artículo 317. Entidad de planificación participativa. / Artículo 320, parágrafo IV, El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna.


Vivir Bien


Preámbulo. Vivir bien / Artículo 8, parágrafo I. El Estado asume y promueve como principio ético-moral de la sociedad plural: suma qamaña (vivir bien). / Artículo 8, parágrafo II. Los valores en los que se sustenta el Estado tienen como objetivo el vivir bien. / Artículo 80, parágrafo I. La educación está orientada al vivir bien. / Artículo 306, parágrafo I. El modelo económico plural está orientado al vivir bien. / Artículo 306, parágrafo III. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. / Artículo 313. Propósitos para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones. / Artículo 406, parágrafo II. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales.


Planificación económica y social -Categoría-

Se entiende por planificación a los lineamientos, estrategias, y mecanismos mediante los cuales se selecciona misiones y objetivos para alcanzar un futuro deseado. El primer numeral del Artículo 316 indica que es función del Estado en la economía: conducir el proceso de planificación, por lo que será éste quien regule y direccione los distintos procesos de planificación que se lleven a cabo en todo el territorio.

 

Por mandato constitucional la planificación deberá contar con dos características fundamentales: la participación ciudadana y la consulta ciudadana. La primera de estas características es desarrollada en el Artículo 317, el cual plantea que el Estado deberá crear una entidad de planificación participativa que incluya a diversos actores[1]. La segunda característica tiene como antecedente el referéndum vinculante sobre Hidrocarburos de 2004, mediante el cual se consultó a la población sobre las políticas que se deberían seguir en relación al tema. Por primera vez en la historia boliviana las decisiones de las ciudadanas y ciudadanos, respecto a determinada política, fueron respetadas en las instancias de poder, debido al carácter vinculante del referéndum.

 

A raíz de la Constitución vigente, el Estado tiene como función garantizar que los procesos de planificación cuenten con mecanismos de consulta ciudadana parecidos al referéndum de 2004. Cabe resaltar que, por medio de la consulta, muchas de las cuestiones de la agenda pública se podrán plasmar en políticas de Estado o de gobierno, también por medio de ésta (la consulta), se puede ejercer el poder y orientarlo para transformar el Estado y lograr así una nueva condición de estatalidad[2].

 

Los distintos niveles de gobierno establecidos en la Constitución tienen entre sus competencias la planificación en su jurisdicción, en efecto, cuatro niveles: central (Artículo 298, parágrafo I, numeral 22), departamental (Artículo 300, parágrafo I, numeral 32 y 35), municipal (Artículo 302, parágrafo I, numeral 42) e indígena originario campesino (Artículo 304, parágrafo III, numeral 1 y 2) tienen competencias sobre planificación económica y social. Los tres últimos, por mandato constitucional, deben coordinar sus planes con la planificación que se lleva a cabo en el nivel central y en los demás niveles.

 

El primer numeral del Artículo 316 también enuncia que se deberá establecer un sistema de planificación integral estatal, que debe incluir a todas las entidades territoriales vale decir a los niveles: central, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino. Dicho sistema deberá ser creado mediante ley y consiste básicamente en un conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, administrativo y político, mediante los cuales las entidades del sector público recogen las propuestas de los actores sociales para la adopción de decisiones[3].

 

En concordancia a ello el Artículo 311 enuncia que el Estado debe ejercer la dirección integral del desarrollo económico y sus respectivos procesos de planificación, este es uno de los principales componentes de la economía plural.

 

Plan general de desarrollo

 

El plan general de desarrollo es el instrumento rector de la planificación a nivel país, en el cual se expresan los objetivos, las acciones y los planes que se deben cumplir para determinado período plurianual. El numeral noveno del Artículo 316 establece como función del Estado formular periódicamente el plan general de desarrollo.

 

Al igual que el proceso de planificación, el plan debe contar con las dos características antes mencionadas: participación ciudadana y consulta ciudadana, posteriormente es el Presidente o la Presidenta del Estado quien debe presentar el plan a la Asamblea Legislativa Plurinacional y ésta debe aprobarlo.

 

El numeral noveno del Artículo 316 resalta que la ejecución de este instrumento es obligatoria para todas las formas de organización económica[4], esto en concordancia con el Artículo 306 que sostiene que la economía plural articula dichas formas sobre el principio de complementariedad.

 

En la Constitución se utilizan indistintamente los conceptos de plan general de desarrollo y plan de desarrollo económico y social. El Artículo 316 utiliza el primer concepto, al igual que el parágrafo III del Artículo 339. Los Artículos que utilizan el segundo concepto son los que establecen las atribuciones del Órgano Legislativo (artículos 158, numeral 7 y 159 numeral 7) y del Ejecutivo (Artículo 172, numeral 10), respecto a este instrumento.

 

[1]Las implicancias de la Participación Ciudadana se encuentran desarrolladas en el Artículo 242.

[2] Para un mayor análisis sobre la nueva condición de estatalidad consulte el análisis del Artículo 1.

[3] Una definición similar sobre el sistema de planificación integral se encuentra en el Artículo 130 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías de 19 de junio de 2010.

[4]El Artículo 306 reconoce cuatro formas de organización económica: estatal, privada, social cooperativa y comunitaria.


Concordancias

Artículo 241, parágrafo VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad. / Artículo 242, numeral 1. La participación y el control social implican participar en la formulación de las políticas de Estado. / Artículo 242, numeral 6. La participación y el control social implican conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. / Artículo 242, numeral 7. La participación y el control social implican coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. / Artículo 298, parágrafo I, numeral 22. Es competencia privativa del nivel central del Estado la política económica y planificación nacional. / Artículo 298, parágrafo II, numeral 9. Es competencia exclusiva del nivel central del Estado: la planificación de carreteras de la Red Fundamental. / Artículo 298, parágrafo II, numeral 33. Son competencia exclusiva del nivel central del Estado: las políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial. / Artículo 300, parágrafo I, numeral 7. Es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos: la planificación de carreteras de la red departamental. / Artículo 300, parágrafo I, numeral 35. Es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos: la planificación del desarrollo departamental. / Artículo 302, parágrafo I, numeral 42. Es competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos: la planificación del desarrollo municipal. / Artículo 304, parágrafo III, numeral 1. Es competencia de las autonomías indígena originario campesinas la organización, planificación y ejecución de políticas de salud. / Artículo 304, parágrafo III, numeral 2. Es competencia de las autonomías indígena originario campesinas: la organización, planificación y ejecución de programas y proyectos de educación, ciencia, tecnología e investigación. / Artículo 306, parágrafo III. Principios de la economía plural. / Artículo 311, parágrafo II, numeral 1. En el marco de la economía plural: El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. / Artículo 317. El Estado garantizará la creación de una Entidad de Planificación Participativa. / Artículo 321, parágrafo II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. / Artículo 345, numeral 1. Las políticas de gestión ambiental se basarán en la planificación y gestión participativas, con control social.


Plan General de Desarrollo


Artículo 158, numeral 2. Es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional: aprobar el plan de desarrollo económico y social presentado por el Órgano Ejecutivo. / Artículo 159, numeral 7. Es atribución de la Cámara de Diputados: Iniciar la aprobación del plan de desarrollo económico y social presentado por el Órgano Ejecutivo. / Artículo 172, numeral 10. Es atribución del Presidente o de la Presidenta presentar el plan de desarrollo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. / Artículo 300, parágrafo I, numeral 32. Es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales la elaboración y ejecución de planes de desarrollo departamentales. / Artículo 339, parágrafo III. Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el plan general de desarrollo económico y social del país.


Dirección, participación y regulación de la economía -Categoría-

Los numerales 2, 4, 8 y 11 del Artículo 316 se refieren a las funciones del Estado de dirigir y participar en la economía y de regular diferentes sectores.

 

El numeral segundo del Artículo 316 enuncia que el Estado debe dirigir la economía, la dirección es la acción y efecto de llevar una cosa hacia un término o lugar señalado, es la conducción o supervisión de algo. Esto significa que el Estado debe orientar las distintas políticas económicas para alcanzar los objetivos presentes en la Constitución.

 

El numeral cuarto del Artículo 316 establece las acciones mediante las cuales el Estado participa en la economía que son: el incentivo y la producción de bienes y servicios. El mismo numeral expone los objetivos de dicha participación que son: promover la equidad económica y social; impulsar el desarrollo y; evitar el control oligopólico de la economía. Cabe resaltar que dichos objetivos fueron incluidos en los ajustes realizados en el H. Congreso Nacional.

 

Regulación del Estado en los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios

 

El numeral segundo del Artículo 316 indica que el Estado deberá regular los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, conforme a los principios establecidos en la Constitución. Los principios relacionados con este artículo son los descritos en el Preámbulo, en el Artículo 8 (ama qhilla, ama llulla, ama suwa; suma qamaña; ñandereko; teko kavi; ivi maraei; y; qhapaj ñan); y los principios económicos enunciados en el Artículo 306 (complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo).

 

La regulación es la intervención del Estado en el funcionamiento de la actividad económica, mediante la emisión de normas, lineamientos y estrategias, con el objeto de vigilar o modificar determinadas condiciones. La regulación se puede llevar a cabo en diferentes sectores y aspectos de la economía.

 

La intención que el Estado regule los procesos de producción de los bienes y servicios, ha sido desarrollada sobre la base de los derechos fundamentales-fundamentales establecidos en la Constitución. El Estado debe regular la economía para garantizar dichos derechos que, por mandato Constitucional, son funciones económicas del Estado: alimentación (Artículo 16, parágrafo II), educación (Artículo 17 y Artículo 77, parágrafo I), salud (Artículo 18, parágrafo I y II y Artículo 37), vivienda (Artículo 19, parágrafo I y II) y servicios básicos (Artículo 20, parágrafo I y II)

 

La regulación estatal es una de las vías mediante la cual se pueden cumplir los derechos fundamentales-fundamentales. Es importante resaltar que el Artículo 299, parágrafo II establece las competencias que se ejercerán de forma concurrente[1] por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, entre estas competencias están las referidas a dichos derechos.

 

El Estado no sólo regula los bienes y servicios, también puede producirlos de acuerdo al numeral 4 del Artículo 316 y al numeral 3 del Artículo 309, la producción de bienes y servicios por parte del Estado tiene como objetivo el abastecimiento de éstos para población.

 

Las diferentes etapas de la cadena de producción de los distintos bienes y servicios pueden estar a cargo de las formas económicas: estatal, comunitaria, social cooperativa o privada, en este sentido el Estado tiene el rol de garantizar que no se produzcan monopolios ni oligopolios. El Artículo 314 de la Constitución prohíbe el control monopólico u oligopólico privado de la producción o la comercialización de algún bien o servicio. Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de la participación del Estado en la economía es evitar el control oligopólico de la economía. La participación y regulación estatal pueden garantizar que no exista este tipo de controles en una o pocas personas.

 

La exportación de bienes y servicios con valor agregado es un mandato constitucional ya que en varios artículos de la Constitución (255, 318, 367, 386) se establece que el Estado promoverá la exportación de bienes con valor agregado. La incorporación de dicho mandato se debe a que Bolivia ha sido exportador de materias primas desde inicios de la colonia, y esto no ha dejado los réditos económicos que se podrían generar si las materias primas fueran industrializadas en el territorio.

 

La regulación estatal en los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios tiene entonces cuatro objetivos: asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales-fundamentales; cubrir la oferta interna de bienes y servicios; garantizar que no se produzca control privado de la producción o comercialización de alguno de estos y; exportar bienes con valor agregado.

 

Monopolio Estatal

 

El numeral octavo del Artículo 316 se refiere a aquellas actividades productivas y comerciales en las cuales el Estado tiene absoluta participación. Dicho numeral enuncia que el monopolio estatal podrá ser factible si es que existe alguna necesidad pública. Cabe resaltar que dicho monopolio sólo se puede dar en actividades económicas en las que sea imprescindible la intervención del Estado, las cuales se declaran mediante ley expresa. Dichas necesidades públicas se pueden dar por la necesidad de hacer cumplir los derechos o para satisfacer las demandas internas.

 

El único monopolio que se promueve en el país es el estatal, ya que el Artículo 314 prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación que pretenda el control y la exclusividad en la producción y comercialización de algún bien o servicio.

 

Actividad Aeronáutica

 

El numeral onceavo del Artículo 316 enuncia que es función del Estado, regular la actividad aeronáutica, esto debido a la importancia que tiene esta actividad a nivel nacional e internacional.

 

Dicha actividad incluye a la actividad aeronáutica militar, que tiene como misión la defensa del Estado. Al ser la defensa del Estado y la sociedad funciones de importancia vital, se decide que sea el Estado quien regule todos sus aspectos. Pese a ello es llamativo que el único medio de transporte que goce de regulación estatal sea el aeronáutico.

 

Cabe resaltar que la actividad aeronáutica es competencia privativa del nivel central del Estado y comprende: el control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional y; la construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental. (Artículo 298, parágrafo I, numeral 14).

 

[1]De acuerdo con el Artículo 297, las competencias concurrentes son aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.


Concordancias

Regulación del Estado en la cadena de producción de bienes y servicios


Artículo 8, parágrafo I. Principios ético-morales de la sociedad plural. / Artículo 16, parágrafo I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. / Artículo 16, parágrafo II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria y al agua. / Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación. / Artículo 18, parágrafo I. Todas las personas tienen derecho a la salud. / Artículo 18, parágrafo II. El Estado garantiza el acceso a la salud. / Artículo 19, parágrafo I. Toda persona tiene derecho a la vivienda. / Artículo 19, parágrafo II. El Estado promoverá planes de vivienda de interés social. / Artículo 20, parágrafo I. Toda persona tiene derecho a los servicios básicos. / Artículo 20, parágrafo II. Es responsabilidad del Estado la provisión de servicios básicos. / Artículo 37. El Estado tiene la obligación de garantizar y sostener el derecho a la salud. / Artículo 76, parágrafo I. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral. / Artículo 77, parágrafo I. La educación como primera responsabilidad financiera del Estado. / Artículo 255, parágrafo II, numeral 11. Tratados internacionales, fomento a la exportación de bienes con valor agregado. / Artículo 297. Definición de competencias. / Artículo 298, parágrafo II, numeral 30. Las políticas de servicios básicos son competencia exclusiva del nivel central del Estado. / Artículo 299, parágrafo II. Competencias concurrentes del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. / Artículo 306, parágrafo III. Principios económicos. / Artículo 309, numeral 3. La forma de organización económica estatal cumplirá con el objetivo de: producir directamente bienes y servicios. / Artículo 314. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado. / Artículo 318, parágrafo I. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora. / Artículo 318, parágrafo V. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios. / Artículo 366. Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera estarán sometidas a la soberanía del Estado. / Artículo 367. La explotación, el consumo y la comercialización de los hidrocarburos y sus derivados deberán sujetarse a una política de desarrollo que garantice el consumo interno. La exportación de la producción excedente incorporará la mayor cantidad de valor agregado. / Artículo 386. El Estado promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable y la generación de valor agregado a sus productos.


Monopolio estatal


Artículo 311, parágrafo II, numeral 4. El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, / Artículo 314. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado.


Actividad Aeronáutica


Artículo 12, parágrafo II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. / Artículo 298, parágrafo I, numeral 14. Es competencia privativa del nivel central del Estado: el control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental.


Dirección y control de los sectores estratégicos -Categoría-

El Artículo 316, numeral 3 enuncia que es función del Estado ejercer la dirección y control de los sectores estratégicos de la economía. La intencionalidad de dicho numeral radica en dos aspectos:

 

- Garantizar los Derechos fundamentales–fundamentales: El Estado es el único capaz de garantizar estos derechos, por ello el tema de salud, vivienda, agua, alimentación, educación y servicios básicos son considerados como sectores estratégicos.

 

- Recuperación de Recursos Naturales: La explotación de recursos naturales es la principal fuente de riqueza del Estado de acuerdo a la Constitución, en este sentido, el sector hidrocarburífero, el sector minero y el sector energético, son considerados sectores estratégicos en lo que se refiere a recursos naturales.

 

Estos sectores pueden variar con el tiempo por ello la Constitución, no define cuáles son los sectores estratégicos. Dichos sectores gozan de un especial interés por parte del Estado, es por ello que tienen una fuerte presencia en el Presupuesto General del Estado.

 

A continuación se exponen algunos datos referidos a la inversión en sectores estratégicos en el Presupuesto:

 

En lo referido a derechos fundamentales–fundamentales, entre el año 2006 y 2011 el presupuesto de las inversiones para cubrir dichos derechos ha oscilado entre 33 por ciento en 2009 y en 24 por ciento en 2010, lo que significa que se ha destinado entre un cuarto (1/4) y un tercio (1/3) de la inversión del presupuesto a la cobertura de derechos fundamentales–fundamentales. Cabe mencionar además que para 2011 se presupuestó el 6,4% de inversión para el sector agropecuario.

 

En hidrocarburos en el año 2006 se presupuestó invertir un 0.8% en esta área, el porcentaje subió considerablemente para los años 2010 y 2011 en los que se presupuestó el 12 por ciento y 13 por ciento respectivamente del total de inversiones en el presupuesto.

 

La inversión en minería es muy baja, en los años 2009 y 2010 tuvo su punto más alto cuando se presupuestó el 3,3 por ciento del total de las inversiones.

 

El objetivo del control de los sectores estratégicos es garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos, esto de acuerdo al numeral 4 del Artículo 311.

 

El Control y dirección que el Estado ejercerá varía de acuerdo con el sector, a continuación se exhibe la forma en la cual el Estado controla distintos sectores:

 

- Hidrocarburos: una institución autárquica, con autonomía, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hidrocarburífera. (Artículo 365)

 

- Energía: el Artículo 378 enuncia que es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución.

 

- Minería: de acuerdo con el Artículo 369 el Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera.

 

En el primer caso una entidad autónoma será la que controle las actividades hidrocarburíferas. El segundo y el tercer caso tienen un tratamiento distinto, ya que el control no se delega a alguna entidad autónoma o especializada.

 

Sin duda alguna el sector estratégico más importante del país es el de hidrocarburos, ya que es el principal generador de excedente en el país, en este sentido, todas las entidades territoriales autónomas tienen determinada participación en el tema hidrocarburífero. El Artículo 300, parágrafo I, numeral 33, en este sentido establece que es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos: participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector. La misma redacción se encuentra en el Artículo 302, parágrafo I, numeral 43 con respecto a los gobiernos municipales autónomos.

 

Por su parte el Artículo 304, parágrafo III, numeral 9 establece que es competencia concurrente de las autonomías indígena originario campesinas: el control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarburíferas y mineras que se desarrollan en su jurisdicción. 


Concordancias

Artículo 12, parágrafo II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. / Artículo 16, parágrafo I. Todos tienen derecho al agua y a la alimentación. / Artículo 16, parágrafo II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. / Artículo 18, parágrafo I. Derecho a la salud. / Artículo 300, parágrafo I, numeral 33. Es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales: participar en empresas hidrocarburíferas en su territorio. / Artículo 302, parágrafo I, numeral 43. Es competencia exclusiva de los gobiernos municipales: participar en empresas hidrocarburíferas en su territorio. / Artículo 304, parágrafo III, numeral 9. Es competencia concurrente de las autonomías indígena originario campesinas: el control y monitoreo socioambiental de las actividades hidrocarburíferas y mineras que se desarrollan en su jurisdicción. / Artículo 311, parágrafo 4. El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos. / Artículo 365. Una institución autárquica bajo la tuición del Ministerio del ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades hidrocarburíferas. / Artículo 369, parágrafo IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera. / Artículo 370, parágrafo VI. El Estado promoverá y desarrollará políticas de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero. / Artículo 378, parágrafo II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética.


Promoción del desarrollo económico y social -Categoría-

Los numerales 5, 6, 7, y 10 del Artículo 316 se refieren a la promoción del desarrollo económico y social por parte del Estado:

 

Integración de formas económicas de producción

 

Las diferentes formas de producción en el país demuestran la pluralidad que contiene Bolivia. René Zavaleta (2008) caracterizaba la sociedad boliviana como una formación abigarrada y hacía referencia a los distintos modos de producción existentes en Bolivia.

 

El hecho que existan diferentes maneras de producir significa que también existen racionalidades y saberes diferentes. Una de las funciones del Estado es promover la integración de todas estas formas, con el objetivo generar retroalimentación entre todas estas, para que los saberes y tecnologías de cada una puedan ser aprovechadas en las demás.

 

El Artículo 1 de la Constitución establece que una de las características del Estado es que éste es descentralizado, pero hace énfasis en la integración del país en todas sus dimensiones y niveles, dicho artículo además señala que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo económico. La pluralidad económica boliviana debe ser integrada mediante dirección estatal, esto de acuerdo con el Artículo 311. Garantizar la pluralidad, permite que las diferentes formas económicas de producción sean reconocidas e integradas, la integración es una forma de fortalecer la pluralidad.

 

Gestionar recursos económicos para investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnologías

 

El numeral 10 del Artículo 316 enuncia que es función del Estado gestionar recursos económicos para tres actividades importantes: investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías, para promover actividades productivas y de industrialización.

 

Investigación. La gestión de recursos para investigación está relacionada con el tema educativo. Dentro el Título de Educación de la Constitución se encuentra la sección referida a ciencia, tecnología e investigación, el Artículo 103, parágrafo I de dicha sección establece que el Estado debe garantizar el desarrollo de la ciencia y la investigación. El Estado priorizará aquella investigación que esté destinada a la producción y también a la industrialización.

 

Asistencia Técnica. Asistir, implica prestar favor o ayuda en diferentes aspectos, como por ejemplo en la promoción de las exportaciones, de inversiones, la calidad y la productividad, en el acceso a créditos, entre otros, que puedan ser requeridos por estos sectores para una eficiente producción de bienes, de servicios y también para su comercialización.

 

Es función del Estado en la economía gestionar recursos económicos para que se lleven a cabo este tipo de operaciones en Bolivia, ya sea de parte de actores nacionales como extranjeros. El numeral 10 del Artículo 316 indica que los recursos para la asistencia técnica deben gestionarse para todas las actividades relacionadas a lo productivo y a la industrialización.

Otros Artículos de la Constitución enfocan la necesidad de recursos para asistencia técnica en algunos sectores. El Artículo 334 referido a políticas sectoriales, establece que en el sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en las áreas de producción, servicios y comercio, serán fortalecidos por medio de la asistencia técnica. El Artículo 407 enuncia que uno de los objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado es garantizar la asistencia técnica en toda la cadena productiva agropecuaria.

 

Transferencia de Tecnologías. La transferencia de tecnologías hace mención al intercambio o traspaso de tecnologías que se puede llegar a tener entre actores internos, como externos. De acuerdo con el Artículo 103, parágrafo III los actores internos podrán ser el Estado; las universidades; y; las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, quienes deben coordinar y desarrollar procesos de transferencia tecnológica para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral.

 

Cabe destacar la intención del constituyente de revalorizar las tecnologías existentes en los distintos pueblos bolivianos. El Artículo 30 estipula que las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos tienen derecho a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados, y a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. En este sentido la promoción de los saberes y tecnologías utilizadas por los pueblos indígena originario campesinos, servirán para que existan transferencias de tecnologías que cooperen con la producción.

 

La investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías precisan dos elementos: información y comunicación. En este entendido el Artículo 103, parágrafo II enuncia que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.

 

Distribución equitativa de la riqueza

 

De acuerdo con el numeral 7 del Artículo 316 es función del Estado promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de reducir las desigualdades, eliminar la exclusión social, erradicar la pobreza y vivir bien (Artículo 312, parágrafo II y 313). Cabe resaltar que si bien el Artículo 316 le atribuye dicha función al Estado, todas las formas de organización económica tienen la obligación de contribuir con los objetivos mencionados.

 

El Artículo 306 en su quinto parágrafo establece que el Estado asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo. En dicho artículo se profundiza este tema.

 

Industrialización de recursos naturales con respeto al medio ambiente

 

A lo largo de la Constitución se pueden encontrar varios artículos referidos a la industrialización de los distintos recursos naturales existentes en el país, también son varios los artículos que hacen referencia al cuidado y respeto del medio ambiente y a la industrialización sostenible. En este sentido es función del Estado promover prioritariamente la industrialización con respeto y protección del medio ambiente.

 

De acuerdo con Álvaro García la industrialización de recursos naturales es el segundo pilar del nuevo modelo económico (García, 2008), por ello, la Constitución le da un carácter prioritario. La priorización de dicha actividad se puede deber a dos razones, la primera el antecedente que Bolivia fue un país exportador de materia prima y ello no dejó los réditos que conlleva la industrialización. La segunda razón tiene con ver con el futuro, el mismo numeral 6 indica que la promoción del Estado a la industrialización de recursos naturales garantizaría la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población.

 

La economía se divide en dos sectores, el generador de empleos y el generador de excedentes. La industrialización de recursos naturales es del segundo tipo, es decir que genera excedentes, pero no genera una vasta cantidad de empleos, de ello se ocupan otros sectores, es por ello que decimos que la razón de ser de éste numeral tiene un pasado (exportador de materias primas) y un futuro ya que el numeral prevé que indirectamente el sector industrializador genere más empleos en el país, a través de otros sectores, así como mejores condiciones económicas y sociales para todos.

 

Las funciones del Estado en la economía están ampliamente relacionadas con los derechos, en este sentido, el Artículo 33 de la Constitución establece que todos los seres vivos tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. La explotación indiscriminada de recursos naturales produce que el medio ambiente no tenga las características señaladas en el Artículo 33, por ello se resalta el respeto al medio ambiente, a la hora de industrializar.

 

En la Constitución existe todo un título referido a recursos naturales, por ello únicamente se dirá que de acuerdo a la Constitución, los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano, su administración queda a cargo del Estado. La industrialización sostenible fortalece la economía plural y es uno de sus pilares, por lo tanto es prioritaria en las políticas económicas y en el marco del respeto al medio ambiente.


Concordancias

Integración de formas económicas de producción


Artículo 1. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo económico. / Artículo 2. Libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. / Artículo 8, parágrafo II. Valores del Estado. / Artículo 47, parágrafo III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. / Artículo 306, parágrafo I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. / Artículo 311, parágrafo II, numeral 1. En el marco de la economía plural: El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación.


Investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías


Artículo 30, numeral 9. Las naciones indígena originario campesinos tienen derecho a que sus saberes y conocimientos sean valorados, respetados y promocionados. / Artículo 30, numeral 11. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos. / Artículo 103, parágrafo I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica. / Artículo 103, parágrafo II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. / Artículo 103, parágrafo III. Procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología. / Artículo 334, parágrafo I. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos. / Artículo 407, numeral 8. Es objetivo de la política de desarrollo rural integral: garantizar la asistencia técnica y transferencia tecnológica en la cadena productiva agropecuaria.


Distribución equitativa de la riqueza


Artículo 8, parágrafo II. La equidad social como valor que sustenta al Estado. / Artículo 55. El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. / Artículo 306, parágrafo V. El Estado asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos / Artículo 312, parágrafo II. Las formas de organización económica tienen la obligación de contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza. / Artículo 313. Propósitos para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, / Artículo 330, parágrafo I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.


Industrialización de recursos naturales con respeto al medio ambiente


Artículo 298, parágrafo I, numeral 18. Los Hidrocarburos son competencia privativa del nivel central del Estado. / Artículo 300, parágrafo I, numeral 33. Es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales participar en empresas hidrocarburíferas. / Artículo 302, parágrafo I, numeral 43. Es competencia exclusiva de los gobiernos municipales participar en empresas hidrocarburíferas. / Artículo 304, parágrafo I, numeral 3. Es competencia exclusiva de las autonomías indígena originario campesinas la gestión y administración de los recursos naturales renovables. / Artículo 311, parágrafo II, numeral 2. Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. / Artículo 311, parágrafo II, numeral 2. La economía plural comprende la industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas. / Artículo 313, numeral 5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales como propósito para eliminar la pobreza la exclusión y para el logro del vivir bien. / Artículo 319, parágrafo I. La industrialización con respeto y protección al medio ambiente y a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios. / Artículo 351, parágrafo I. El Estado, asumirá el control y la dirección de los recursos naturales estratégicos. / Artículo 355, parágrafo I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado. / Artículo 356. Las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública.


Tratamiento en el Constitucionalismo Boliviano

Texto Constitucional 2009

 

Artículo 316

 

La función del Estado en la economía consiste en:

1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.

3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía.

4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía.

5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.

6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población.

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.

8. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública.

9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica.

10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización.

11. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país.

 

Texto Constitucional 2004

 

Artículo 141

 

El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también, en estos casos, asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control de estímulo o de gestión directa. La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional.

 

Artículo 144

 

La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional.

 

Texto Constitucional 1994

 

Artículo 141

 

El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también, en estos casos, asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.

 

Artículo 144

 

1. La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional. La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional.

 

Texto Constitucional 1967

 

Artículo 141

 

El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también, en estos casos, asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.

 

Artículo 144

 

La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional. La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional.

 

Texto Constitucional 1961

 

Artículo 144

 

El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también en estos casos, asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.

 

Artículo 145

 

El Poder Ejecutivo formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social del país cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional. La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional.

 

Texto Constitucional 1947

 

Artículo 109

 

El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también en estos casos, asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.

 

Artículo 144

 

La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatales, mixtos y privados de la economía nacional. La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional.

 

Texto Constitucional 1945

 

Artículo 109 

 

El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también en estos casos, asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.

 

Texto Constitucional 1938

 

Artículo 108 

 

El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también en estos casos, asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.

 

Análisis

 

En textos constitucionales anteriores el tema económico no abarcaba muchos artículos y los artículos referidos a las funciones del Estado en la Economía eran pocos y estaban dispersos.

 

El texto constitucional de 1938 inaugura el constitucionalismo social en Bolivia, por ello se introducen distintos regímenes a la Constitución, entre ellos el económico. Es a partir de dicho texto que se estipula que el Estado podía regular el ejercicio del comercio y la industria cuando exista necesidad pública. De acuerdo a este artículo, el Estado podía asumir la dirección de la economía para controlarla, estimularla o gestionarla, sólo en caso de necesidad pública con carácter imperioso. Este artículo no se modificó hasta la última reforma constitucional del año 2004.

 

La diferencia con la Constitución vigente es evidente ya que ésta obliga al Estado a determinar el monopolio estatal en caso de necesidad pública imprescindible, en cambio en anteriores Constituciones éste no era un mandato, sino una posibilidad. Cabe resaltar además que el término: monopolio estatal, no se encontraba en las constituciones abrogadas, en éstas se utilizaban los términos de: regulación, estimulación y gestión.

 

El texto constitucional de 1947 se introduce el Artículo 144 referido a Planificación, el cual establece que el Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución sería obligatoria para los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional. Dicho artículo además plantea que la iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional. El artículo no fue modificado hasta el texto constitucional de 2004.

 

El carácter periódico del plan y la obligatoriedad del mismo se mantienen en la Constitución vigente, con la diferencia que ésta amplía la obligatoriedad a otras formas de economía que son la comunitaria y la social cooperativa. Otra diferencia entre los textos constitucionales y la Constitución vigente radica en que esta última establece que tanto los procesos de planificación como el plan general deberán contar con participación y consulta ciudadana.

Tratamiento en los archivos, actas y resoluciones del constituyente

Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre 2008

 

Artículo 316

 

La función del Estado en la economía consiste en:

1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.

3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía.

4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía.

5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.

6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población.

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.

8. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública.

9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica.

10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización.

11. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país.

 

Fuente: Ley Nº3942 de 21 de octubre de 2008.

 

Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, diciembre 2007

 

Artículo 316

 

La función del Estado en la economía consiste en:

1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

2. Conducir y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los proceso de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, y ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía.

3. Participar en la economía mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales.

4. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.

5. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población.

6. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.

7. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública.

8. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica.

9. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización.

10. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país.

 

Fuente: Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande, en Detalle y en Revisión.

 

Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande en; Chuquisaca: noviembre 2007

 

 

Artículo 314

 

La función del Estado en la economía consiste en:

1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

2. Conducir y regular, conforme a los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, y ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía.

3. Participar en la economía, mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales.

4. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.

5. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo, y de insumos económicos y sociales para la población.

6. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.

7. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública.

8. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica.

9. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización.

 

Fuente: Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande.

 

Informes de Comisión de la Asamblea Constituyente: Comisión 19 (Desarrollo Económico y Finanzas)

 

Informe por Mayoría

 

Artículo 4. Rol del estado en la economía

 

I. El desarrollo económico y social se rige por la planificación del Estado con participación y consulta ciudadana.

II. El Estado participa en la economía mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales.

III. Es obligación del Estado regular todas las relaciones económicas esenciales en el marco del respeto y protección del medio ambiente.

IV. El Estado debe ejercer el control de los sectores estratégicos de la economía.

V. El Estado promueve la integración de los sectores económicos aprovechando las ventajas de la diversidad productiva, para el desarrollo económico y social.

VI. La industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables es prioridad del Estado con el objetivo de garantizar la generación de empleo, y recursos económicos y sociales.

VII. El Estado promueve políticas contra las desigualdades y otras formas de exclusión social y económica para erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 2, págs. 2270 - 2271.

 

Informe por Minoría

 

Artículo 9. (Funciones y Obligaciones Especiales del Estado)

 

Para cumplir la finalidad y lograr los objetivos prioritarios del orden económico de la República, el Estado tendrá las siguientes funciones especiales, en el marco de esta Constitución:

Planificar, dirigir y promover el proceso de desarrollo sostenible.

Provisión de infraestructura, educación y salud.

Regulación de la actividad económica.

Producción donde la iniciativa privada no exista.

 

Son Obligaciones Básicas del Estado en materia económica y financiera:

 

Promover la industrialización de los recursos naturales.

Generar una economía de base ancha para democratizar la economía.

Desarrollo sostenible para no comprometer las futuras generaciones.

Economía solidaria para lograr desarrollo con rostro humano.

Seguridad jurídica para promover las inversiones

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 2, pág. 2286

 

Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, mayo 2007

 

Artículo 218

 

I. El Estado, mediante sus instituciones, planifica, regula, controla, fiscaliza y participa activamente en la economía del país; orienta sus acciones para favorecer el fortalecimiento de la economía comunitaria y la pequeña producción urbana y rural, sin afectar la economía empresarial privada.

II. El desarrollo económico y social se rige por la planificación del Estado, establecido con participación y consulta ciudadana.

III. Es deber del Estado promover la articulación vertical y horizontal de la economía, además de aprovechar las ventajas de la heterogeneidad estructural productiva, para fortalecer la capacidad competitiva del país en el mercado internacional.

IV. Los recursos naturales y sus productos derivados son de dominio y propiedad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, afrodescendientes y comunidades interculturales y de la población culturalmente diversa del campo y la ciudad. Su administración es ejercida a través del Estado por medio de institución o empresas públicas gestionadas colectivamente y con control social, en concordancia con lo dispuesto en esta Constitución.

V. El Estado se reserva el derecho de declarar extinguidos los contratos de concesión de recursos naturales antes del vencimiento del plazo, por incumplimiento de los mismos y cuando existan razones del interés nacional que lo justifiquen.

VI. El Estado promueve la articulación económica de los sectores extractivos de la economía con el aparato productivo interno y el sector productivo industrial; su finalidad es garantizar mayor valor agregado a los recursos naturales y materias primas para beneficio de todos los bolivianos y bolivianas. Se garantizará el control social en estos procesos.

VII. Se prohíbe la exportación de materias primas sin valor agregado.

 

Fuente: Acta de Acuerdo de las Organizaciones del Pacto de Unidad, Constitución Política del Estado Boliviano.

 

Análisis

 

El Artículo 316 se consolida en los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional en octubre de 2008. En todos los documentos del proceso constituyente han estado presentes las funciones del Estado en la economía. A continuación se expone el análisis de Documentos, Actas y Resoluciones del Constituyente del Artículo 316, de cada uno de los numerales.

 

El numeral 1 del Artículo 316 de la Constitución vigente referido a la Planificación se consolida en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca y no sufre reformas posteriores. El Informe por Mayoría de la Comisión 19 (Desarrollo Económico y Finanzas) establece que el desarrollo económico y social se rige por la planificación del Estado y que ésta debe contar con participación y consulta ciudadana. Dicho artículo fue redactado en la Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad y no fue reformulado en el informe mencionado. Ni este informe ni la propuesta del Pacto de Unidad contemplaban la reserva legal que le delega a una ley el establecimiento de un sistema de planificación integral estatal, dicha reserva se incorpora en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca. El Informe por Minoría de la Comisión 19 sólo prevé la planificación estatal en procesos de desarrollo sostenible.

 

El Pacto de Unidad entonces, establece que es función del Estado la planificación, y que ésta debe contar con participación y consulta ciudadana, en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca se añade la reserva legal referida a la creación de un sistema de planificación integral estatal, y dicho artículo sería respetado hasta la aprobación final del texto.

 

El numeral 2 del Artículo 316 establece que es función del Estado dirigir la economía y regular los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. La Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad plantea que el Estado, regula la economía y orienta sus acciones a fortalecer a la economía comunitaria y la pequeña producción urbana y rural. Si bien los documentos posteriores no establecen específicamente esta orientación en los apartados que dedican a la función del Estado en la economía, dicho documentos y la Constitución vigente establecen medidas para el fortalecimiento de dichos sectores.

 

El Informe por Mayoría añade que es obligación del Estado regular todas las relaciones económicas en el marco del respeto al medio ambiente, mientras que el Informe por Minoría no hace referencia a objetivos u orientaciones específicas de la función del Estado en la economía.

 

El Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca establece que el Estado deberá regular los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, además de ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. El Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro conserva la misma redacción. Cabe resaltar que ambos proyectos omiten el respeto al medio ambiente como marco de las funciones del Estado en la economía, aunque la narrativa de ambos textos, así como la narrativa de la Constitución vigente son enfáticas con el respeto al medio ambiente que debe tener toda actividad económica.

 

En los ajustes realizados por el H. Congreso Nacional se añade la primera frase del numeral 2 del Artículo 316, referida a que el Estado debe dirigir la economía, además se omite la regulación estatal en cuanto a consumo de bienes y servicios y el control de sectores estratégicos.

 

El numeral 3 del Artículo 316 enuncia que es función del Estado: ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. La redacción en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca y en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro era la misma que la actual, con la diferencia que dicho enunciado se encontraba junto al numeral 2 referido a la función del Estado de dirigir la economía y regular algunos sectores de la cadena productiva de bienes y servicios. En los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional se separa ambos numerales.

 

Cabe resaltar que es el Informe por Mayoría el que inserta la función del Estado de controlar los recursos estratégicos, en el proceso constituyente, aunque éste no mencionaba la función de dirigir dichos sectores, esta función fue insertada en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca.

 

El Informe por Minoría no hace mención al respecto. La Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman Pacto de Unidad enuncia que es función del Estado el control de la economía en su totalidad, no de determinados sectores.

 

El numeral 4 del Artículo 316 establece que es función del Estado: participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía. Dicho numeral fue modificado en los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional ya que en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca y en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, únicamente se mencionaba que el Estado debe participar en la economía mediante la producción de bienes y servicios.

 

El tema del incentivo y de los objetivos de la participación estatal (promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitar el control oligopólico de la economía) no se encontraban en ninguno de los dos proyectos. Ambos proyectos (Oruro y Chuquisaca) mantienen la redacción del Informe por Mayoría de la Comisión 19.

 

El Informe por Minoría de la Comisión 19 sólo menciona que es obligación del Estado el desarrollo sostenible y que una de sus funciones debe ser producir donde la iniciativa privada no exista. La Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman Pacto de Unidad es la que introduce la participación activa del Estado en la economía.

 

De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 316 es función del Estado: promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social. Dicho numeral fue redactado en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca y se mantiene en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, así como en la Constitución vigente.

 

El Informe por Mayoría de la Comisión 19 establece que el Estado: debe promover la integración de los sectores económicos aprovechando las ventajas de la diversidad productiva, para el desarrollo económico y social. La Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman Pacto de Unidad indica que es deber del Estado aprovechar las ventajas de la heterogeneidad estructural productiva. Si bien la redacción de la propuesta del Pacto de Unidad y del Informe por Mayoría de la Comisión 19 es distinta a la actual, se ha conservado la esencia de dichos planteamientos, referida al aprovechamiento y fortalecimiento de las distintas formas productivas existentes en el territorio, es decir al aprovechamiento de lo plural.

 

El numeral 6 del Artículo 316 enuncia que es función del Estado: promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población. El Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca y el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro tienen la misma redacción.

 

El Informe por Mayoría de la Comisión 19 es el primero en plantear la industrialización de los recursos naturales como función prioritaria del Estado para generar empleos y recursos económicos y sociales. Dicho informe obliga al Estado a regular las relaciones económicas en el marco del respeto al medio ambiente. El Informe por Minoría no menciona nada al respecto.

 

La Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad propone como función del Estado: la articulación económica de los sectores extractivos con el aparato productivo interno y el sector productivo industrial para garantizar un mayor valor agregado de los recursos naturales. En este sentido el Pacto de Unidad plantea la idea de industrialización, aunque en este caso la función del Estado no es industrializar, sino articular a los sectores extractivos con el aparato productivo. Dicha disposición se encuentra en el Artículo 318 de la Constitución vigente, en el que se hace mención a la política productiva industrial y comercial que debe ser determinada por el Estado.

 

El numeral 7 del Artículo 316 establece que es función del Estado en la economía: promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. La misma redacción se encuentra en El Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca y el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro.

 

El Informe por Mayoría de la Comisión 19 también menciona que el Estado debe promover políticas contra las desigualdades, y otras formas de exclusión social y política para erradicar la pobreza, sin embargo, no menciona que dichas políticas se deben realizar mediante la distribución equitativa de la riqueza. El Informe por Minoría se establece que es obligación básica del Estado generar una economía solidaria para lograr el desarrollo con rostro humano. La Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad no hace mención al respecto.

 

Los numerales 8, 9 y 10 del Artículo 316 han tenido el mismo tratamiento en el proceso constituyente. Los tres fueron redactados en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca, se mantuvieron sin modificaciones en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, y su redacción fue respetada hasta la promulgación de la Constitución Política del Estado.

 

Ninguno de los informes contiene temáticas referidas a estos numerales, al igual que la Propuesta de Texto Constitucional de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad.

 

El numeral 11 del Artículo 316 referido a la actividad aeronáutica fue incluido en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro y su redacción se mantiene en la Constitución vigente. Ningún proyecto, informe o propuesta contienen puntos referidos a la regulación estatal de dicha actividad.

Alcance de la reserva legal

La reserva legal en el artículo 316 solamente tiene alcance en su primer numeral que indica que una ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorporará a todas las entidades territoriales. Ninguna ley puede disuadir al Estado de las funciones económicas establecidas en el Artículo 316.

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Webgrafía

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Archivos, actas y resoluciones

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Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre de 2008, Ley Nº3942 de 21 de octubre de 2008.

 

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Fecha de su ultima actualización: 30/04/2013 07:17:15 p.m.

Centro de Estudios Constitucionales 2013