•     
  • Inicio
  • Artículos
  • Palabras

Artículo 242

La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.
3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.
4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.
5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.
6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.
7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.
8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.
9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan.
10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.

Presentación

El Artículo 242 clausura el apartado dedicado a la participación y control social. Hace referencia a las formas de ejercicio de la participación y el control social.

Descripción

El Artículo 242 se encuentra en el Título VI (Participación y Control Social) de la Segunda Parte de la Constitución Política del Estado (Estructura y Organización Funcional del Estado).

 

El artículo está compuesto por un párrafo, subdividido en diez numerales, los cuales establecen las formas de ejercer la participación y el control social.

 

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 411 se puede afirmar que el Artículo 242 es semirrígido, puede ser reformado de dos maneras: a través de una reforma total o a través de una reforma parcial de la Constitución. En el caso de una reforma total de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. En el caso de una reforma parcial mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios o por iniciativa popular. La vigencia de toda reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio.

 

A partir de la revisión de los archivos de la Asamblea Constituyente, se puede observar que el Artículo ­­­­242 se consolida en los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional el año 2008. Tiene antecedentes en el Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, en el Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande en Chuquisaca, en los informes de las comisiones 4 (Organización y Estructura del Nuevo Estado) y 8 (Otros Órganos del Estado) de la Asamblea Constituyente y en la Propuesta de Texto Constitucional del Pacto de Unidad.

 

La mención al ejercicio de la participación y control social, por parte de la sociedad civil organizada, no está presente en anteriores textos constitucionales, por tanto el Artículo 242 es una novedad en el constitucionalismo boliviano.

Formas de ejercicio de la participación y el control social -Categoría-

La participación y el control social, previstos en el Artículo 241, suponen la potestad de la sociedad civil, a través de sus organizaciones, de incidir de manera directa en el ámbito de toma de decisiones de un Estado. En efecto, se prevé la posibilidad de que la sociedad civil organizada participe en los diferentes ámbitos que supone la Administración Pública, en una condición de cogobierno (Tapia 2007) y, asimismo,  que pueda ejercer fiscalización y monitoreo sobre los actos de todas las entidades circunscritas al ámbito público[1]. Esta potestad se traduce en un derecho de participación política (Artículo 26, parágrafo I) y, asimismo, implica una extensión, una apertura al reconocimiento de derechos.

 

Si  bien en el Artículo 241 se prevén los ámbitos en los que puede ejercerse la participación y el control social, es decir los espacios de su accionar, el Artículo 242 dispone las formas específicas de ejercer esta actividad, y las instancias en las que corresponde su ejercicio.  A continuación se esbozan estas formas específicas, ordenadas según sus características y condiciones.

 

[1] Para un mayor desarrollo en referencia a los ámbitos de ejercicio de la participación y el control social, consulte el análisis del Artículo 241.


Concordancias

Artículo 18, parágrafo III. Características del sistema único de salud. / Artículo 20, parágrafo II. Criterios de la provisión de servicios. / Artículo 26, parágrafo I. Derechos de participación política. / Artículo 224. Responsabilidad de la Defensora o Defensor del Pueblo de informar al Control Social sobre la situación de los derechos humanos en el país o cualquier informe que así lo requiera. / Artículo 231, parágrafo 6. Función de la Procuraduría General del Estado de atender las denuncias y reclamos de las ciudadanas y los ciudadanos que conforman el Control Social. / Artículo 241. Ámbitos y condiciones de ejercicio de la participación y el control social. Artículo 270. Principios rectores de la organización territorial. / Artículo 309, numeral 5. Objetivo de las entidades económicas estatales de garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión. / Artículo 345, numeral 1. Las políticas de gestión ambiental se basarán en la planificación y gestión con control social. / Artículo 378, parágrafo II. Condiciones del ejercicio de la facultad estatal del desarrollo de la cadena productiva energética.


Colaboración en la definición de cargos públicos -Subcategoría-

En principio, los cargos públicos hacen referencia a aquellos circunscritos en una entidad del Estado, en cualquier nivel de éste (nacional, departamental, regional, municipal) y cualquier condición (autónoma, descentralizada, autárquica). En este sentido, los públicos están dirigidos al beneficio de la sociedad, en tanto su ejercicio se debe a ésta.

 

Los cargos públicos son ejercidos por servidoras públicas y servidores públicos, personas en sujeción contractual con el Estado, que cumplen sus funciones en un ente estatal, con el fin de satisfacer necesidades de la colectividad. De acuerdo al Artículo 233, existen cuatro clases de cargos de servicio público: electivos, de designación, de libre nombramiento y de carrera administrativa. Asimismo, en el texto constitucional se prevén otras condiciones para el ejercicio de la función o servicio público: requisitos generales de acceso al desempeño de funciones públicas (Artículo 234), obligaciones (artículos 235 y 237), prohibiciones (Artículo 236) e incompatibilidades (Artículo 239). Asimismo, se prevén condiciones específicas para los cargos electivos, como las causales de inelegibilidad (Artículo 238) y la posibilidad de revocatoria de mandato (Artículo 240).

 

Las formas de ejercicio de la participación y el control social, en relación a la definición de cargos públicos hacen referencia a la potestad de la sociedad civil organizada colaborar, de coadyuvar a diferentes entidades del poder político, o bien a la ciudadanía en general, tanto en el acceso a cargos públicos, como en la posibilidad de revocación del mandato correspondiente a los mismos.

 

Elaboración de informes de revocatoria de mandato

 

El numeral 5 del Artículo 242 establece que una de las formas de ejercer la participación y el control social es mediante la formulación de informes que fundamenten una solicitud de revocatoria de mandato.

 

La revocatoria de mandato supone un procedimiento, adscrito a la democracia directa y participativa (Artículo 11, parágrafo II, numeral 1), a través del cual la ciudadanía, o un sector de la misma, decide sin una servidora o un servidor público continúa o no, ocupando su cargo.

 

En el texto constitucional, las condiciones para la revocatoria de mandato son establecidas en el Artículo 240. En éste se prevé, en primera instancia, que la revocatoria de mandato sólo puede ser llevada a cabo a servidoras y servidores públicos de cargo electivo[1] —a excepción del Órgano Judicial[2]—, en tanto el padrón que hubiere elegido a la servidora o al servidor debe ser el mismo que decida su revocatoria. El Artículo también establece la temporalidad en la que puede llevarse una revocatoria de mandato (a partir de la mitad del periodo de mandato, y no en el último año del mismo) y, asimismo, se prevé que la revocatoria de mandato se dé por iniciativa ciudadana, a solicitud de un porcentaje de los votantes de la circunscripción correspondiente, además de otras disposiciones previstas en el artículo y la ley[3].

 

En este entendido, las organizaciones de la sociedad civil que ejerzan la participación y el control social, tienen la facultad de esbozar informes, con respecto a las actividades llevadas a cabo por la persona correspondiente, en el cumplimiento de sus funciones públicas, con el propósito de fundamentar la iniciativa popular de revocatoria de mandato. Este informe supone una acción de reforzamiento y legitimación de la petición ciudadana, ya que la disposición constitucional no estipula que los informes que la herramienta de control social pueda llegar a realizar sean de naturaleza vinculante o determinante, solamente indica que los informes fundamentan la solicitud de revocatoria, implicando que, una vez realizada la requisición, se hará una investigación permanente y, a partir de ésta, un informe que vislumbre las motivaciones por las que se hace la petición de revocatoria o, por otra parte, pueda demostrar el buen desempeño de la autoridad pública.

 

Colaboración en los procesos de observación pública

 

En principio, debe hacerse notar que lo establecido por el numeral 9 del Artículo 242 sólo hace referencia a los cargos públicos por designación, y no así otras características de cargos públicos, como los electivos, los de libre nombramiento y los de carrera administrativa (Artículo 233). Siguiendo este razonamiento, la Constitución vigente prevé dos cargos públicos por designación, en los que se establece la observación pública como un factor determinante en cuanto al cumplimiento de los requisitos estipulados: el cargo de Contralora o Contralor General del Estado (Artículo 215) y el de Defensora o Defensor del Pueblo (Artículo 221).

 

En ambos casos se dispone que, a través de la observación pública, pueda determinarse la integridad personal y ética, como requisitos para acceder a cada uno de los cargos. En este sentido, la observación pública debe ser entendida como aquella relativa a la sociedad en general, la percepción que tiene la sociedad con respecto a un determinado tema.

 

En este entendido, la colaboración por parte de las organizaciones que ejercen la participación y el control social implica la recolección de datos y factores a través de los cuales se pueda constatar cuál es la percepción de la sociedad con respecto a una persona que aspira a acceder a un cargo público por designación.

 

Apoyo al Órgano Electoral en la transparentación de las candidaturas a cargos públicos

 

En cuanto a la posibilidad de que la ciudadanía, a través de la participación y control social, brinde un apoyo al Órgano Electoral con el fin de transparentar las candidaturas a cargos públicos, se puede denotar que existe una directriz principal sobre la que tal apoyo pueda ser brindado: la corroboración del cumplimiento de los requisitos para el acceso al servicio público (Artículo 234) y, de la misma manera, para el cargo al que postule su candidatura.

 

En este caso es imperativo remitirse al Artículo 234, en el que se establecen los requisitos para acceder al desempeño de la función pública: contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido los deberes militares[4], no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento, no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución[5], estar inscrita o inscrito en el padrón electoral y hablar al menos dos idiomas oficiales del país[6].

 

En este sentido, las organizaciones que ejerzan la participación y el control social deben colaborar al Órgano Electoral Plurinacional a constatar el cumplimiento de todos los requisitos mencionados y, asimismo, aquellos correspondientes a cada cargo público electivo.

 

Por otra parte, la transparentación de las  postulaciones de las y los candidatos, también hace referencia a las condiciones de la misma postulación, en tanto ésta debe hacerse a través de una organización política —con excepción a los cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional— de acuerdo a lo establecido en el Artículo 209. Las organizaciones de la sociedad civil podrán colaborar al Órgano Electoral Plurinacional a comprobar que las postulaciones se realicen en el marco de la Constitución y la ley.

 

La capacidad de colaboración en la transparentación no prevé el seguimiento de la candidatura ni el procesamiento en el Órgano Electoral, sólo implica, como ya se mencionó, la corroboración de la información rendida por la candidata o el candidato y las condiciones de su postulación.

 

[1] La Ley N°026 Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010, en su Artículo 25, parágrafo II, establece que la revocatoria de mandato se aplica a todas las autoridades electas, con excepción de las del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

[2] En el Artículo 195, parágrafo I de la Constitución se prevé, como atribución del Consejo de la Magistratura, el promover la revocatoria de mandato de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, en este entendido, las autoridades electas del Órgano Judicial no suponen una excepción a la revocatoria de mandato, sino más bien una condición especial en cuanto a su iniciativa.

[3] La Ley N° 026 Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010, entre sus artículos 25 y 34 establece las condiciones para llevar a cabo una revocatoria de mandato.

[4] Actualmente la libreta de servicio militar ya no es un requisito para ejercer derechos constitucionales como el trabajo, la graduación en el ámbito universitario, la postulación a cargos públicos, entre otros.  Esto en virtud al Amparo Constitucional planteado por el Defensor del Pueblo el año 2006 contra el Decreto Ley N° 7755 de 1 de agosto de 1966 emitido en el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia.  El Tribunal Constitucional en la sentencia 0007/2006 declara inconstitucional el Decreto Ley N° 7755, otorgando dos años de plazo para subsanar los vicios de origen de la disposición legal, bajo la conminatoria de que en caso de incumplimiento, la misma quedará expulsada del ordenamiento jurídico nacional, al vencimiento del término antes señalado. Para el año 2008 no se realizó ninguna modificación a este decreto ley quedando así éste sin efecto, razón por la que hoy en día la libreta del servicio militar no es exigida para ejercer y postular a cargos y actividades.

[5] Las prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio del servicio público están establecidas en los artículos 236 y 239.

[6] Los idiomas oficiales del país están establecidos en el Artículo 5, parágrafo I de la Constitución vigente.


Concordancias

Artículo 5, parágrafo I. Idiomas oficiales del Estado. / Artículo 11, parágrafo II, numeral 1. Ejercicio de la democracia directa y participativa. / Artículo 215. Requisito de observación pública para el acceso al cargo de Contralora o Contralor General del Estado. / Artículo 221. Requisito de observación pública para el acceso al cargo de Defensora o Defensor del Pueblo. / Artículo 233. Clasificación de los cargos de servicio público. / Artículo 234. Requisitos generales para el acceso al desempeño de funciones públicas. / Artículo 235. Obligaciones de las servidoras y los servidores públicos. / Artículo 236. Prohibiciones para el ejercicio de la función pública. / Artículo 237. Obligaciones para el ejercicio de la función pública. / Artículo 238. Causales de inelegibilidad para cargos públicos electivos. / Artículo 239. Incompatibilidades con el ejercicio de la función pública. / Artículo 240. Condiciones para la revocatoria de mandato.


Coordinación e interacción con entidades públicas -Subcategoría-

Si bien se prevé que la sociedad civil organizada participará y ejercerá control social en todos los niveles del Estado (Artículo 241, parágrafo II), la coordinación e interacción con las entidades que conforman estos niveles supone una condición diferente de relacionamiento entre ambas instancias, en tanto se prevé que realicen sus actividades de manera conjunta, en una relación horizontal de cooperación, y no de control y monitoreo.

 

Apoyo al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de leyes

 

En primera instancia debe hacerse notar que el numeral 2 del Artículo 242 no realiza un desarrollo específico en cuanto a lo que prevé, dado que no se aclara a qué Órgano Legislativo hace referencia.

 

En principio podría entenderse, por Órgano Legislativo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, única con facultad para aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano (Artículo 145). En este caso, la elaboración de las leyes implica un proceso que comprende la iniciativa legislativa y el procedimiento legislativo.

 

La iniciativa legislativa, es decir la capacidad de presentar proyectos y propuestas de ley, corresponde a las ciudadanas y los ciudadanos, las y los asambleístas en cada una de sus Cámaras, al Órgano Ejecutivo, al Tribunal Supremo de Justicia y a los gobiernos autónomos de las entidades territoriales (Artículo 162, parágrafo I), además de la Defensoría del Pueblo (Artículo 222, numeral 2). A partir de la presentación de un proyecto de ley, se inicia el procedimiento legislativo, establecido en el Artículo 163, el cual finaliza con la promulgación de la ley, por la Presidenta o el Presidente del Estado, o bien por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, según las condiciones dadas.

 

En este entendido, el apoyo al Órgano Legislativo se traduce, en cuanto a la construcción colectiva de leyes, en la presencia y participación de las organizaciones de la sociedad civil, en cada una de las etapas que supone la creación de las leyes, con el fin de que su visión y consideraciones sean plasmadas en los contenidos de la ley que se construye.

 

Por otra parte, debe apuntarse que, por Órgano Legislativo, también podría hacerse referencia a los órganos pertenecientes a los gobiernos autónomos departamentales (Artículo 277) y municipales (Artículo 283), los cuales poseen facultad legislativa.

 

Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 241, la sociedad civil organizada ejercerá control social en todos los niveles del Estado y en los servicios provistos por éste, además de participar en el diseño de políticas públicas. El ejercicio de esta actividad, según lo establece el numeral 7 del Artículo 242, debe ser llevado a cabo en coordinación con los órganos del Estado y con las funciones que éstos cumplan, en tanto la participación y el control social no pueden ser ejercidos efectivamente sin una relación de coordinación y cooperación con los entes estatales, para este propósito las entidades estatales deben generar espacios para el ejercicio de la participación y el control social (Artículo 241, parágrafo VI), además del establecimiento de otras condiciones que permitan el desarrollo regular de este ejercicio. Asimismo, la coordinación supondrá acciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto a su relacionamiento con las entidades públicas. Tanto las acciones de las entidades estatales, como las de la sociedad civil organizada, deben estar previstas en la normativa que regule el ejercicio de la participación y el control social.

 

Denunciar para la investigación y procesamiento

 

El numeral 8 del Artículo 242 establece que las organizaciones de la sociedad civil, que ejerzan la participación y el control social, tendrán la potestad de denunciar ante las instituciones correspondientes, para investigación y procesamiento, en los casos considerados como convenientes.

 

En este sentido la Constitución Política del Estado prevé diferentes entidades públicas ante las cuales es posible presentar diferentes tipos de denuncias, con respecto diversas situaciones o hechos.

 

En principio la jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental, ejercida por el Tribunal Agroambiental y los jueces agroambientales; y la jurisdicción indígena originario campesina, ejercida por sus propias autoridades (Artículo 179, parágrafo I) conforman las instancias encargadas de la impartición de justicia. Éstas pueden conocer las denuncias efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil y, asimismo, iniciar procesos ante indicios de responsabilidades penal, civil o administrativa en los actos denunciados.

 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en correspondencia con lo establecido por el Artículo 179, parágrafo III, ejerce la justicia constitucional, la cual se traduce en el conocimiento y la resolución de asuntos de inconstitucionalidad en cuanto a normas, competencias, atribuciones, entre otras (Artículo 202).

 

Asimismo, el texto constitucional vigente dispone la existencia de entidades públicas dedicadas a la defensa del Estado y de la sociedad, ante las cuales las organizaciones de la sociedad civil podrán interponer denuncias que correspondan. La Contraloría General del Estado ejerce control sobre la administración de las entidades públicas y aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico, esta institución tiene a facultad de determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal en cuanto a las funciones ejercidas en las instancias que controla (Artículo 213, parágrafo I); la Defensoría del Pueblo, cuya principal función es velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, establecidos en todo el ordenamiento jurídico boliviano, puede investigar y ejercer su función en toda la Administración Pública (Artículo 218, parágrafo I); el rol primordial del Ministerio Público implica la defensa de la legalidad e intereses de la sociedad, ejerciendo la acción penal pública (Artículo 225, parágrafo I); finalmente la Procuraduría General del Estado, que supone la institución de representación jurídica pública, tiene como principal atribución la promoción y defensa de los intereses del Estado (Artículo 229).

 

Sin embargo, si bien la Constitución prevé diversas instancia ante las cuales pueden presentarse denuncias por parte de las organizaciones de la sociedad civil que ejercen la participación y el control social, la normativa correspondiente debe establecer los casos cuya denuncia es considerada conveniente y, asimismo, ante qué instituciones deben denunciarse estos hechos.


Concordancias

Artículo 145. Facultad de la Asamblea Legislativa Plurinacional de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. / Artículo 162, parágrafo I. Facultad de iniciativa legislativa. / Artículo 163. Procedimiento legislativo. / Artículo 179, parágrafo I. Conformación y ejercicio de la jurisdicción ordinaria y agroambiental. / Artículo 179, parágrafo III. Conformación y ejercicio de la justicia constitucional. / Artículo 202. Atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. / Artículo 213, parágrafo I. Función de la Contraloría General del Estado. / Artículo 218, parágrafo I. Función de la Defensoría del Pueblo. / Artículo 225, parágrafo I. Función del Ministerio Público. / Artículo 222, numeral 2. Facultad de la Defensoría del Pueblo de presentar proyectos de ley. / Artículo 229. Función de la Procuraduría General del Estado. / Artículo 241, parágrafo II. Ámbitos de ejercicio del control social en la Administración Pública. / Artículo 241, parágrafo VI. Generación de espacios en las entidades públicas para el ejercicio de la participación y el control social. / Artículo 202. Atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. / Artículo 277. Gobierno autónomo departamental. / Artículo 283. Gobierno autónomo municipal.


Gestión pública -Subcategoría-

La concepción de gestión pública implica las acciones llevadas a cabo por la Administración Pública, es decir la organización y ejecución de los asuntos relativos al ámbito público, supone la sección del Estado encargada de realizar las actividades relacionadas a los intereses colectivos, vinculados al aparato burocrático-estatal[1].

 

En este entendido, el Artículo 242 prevé cuatro formas de ejercicio de la participación y el control social relacionadas a la gestión pública, en tanto las organizaciones de la sociedad civil inciden directamente en el ejercicio de esta función.

 

Participación en la formulación de políticas de Estado

 

En principio debe hacerse una diferenciación entre los conceptos de política pública y política de Estado. Mientras el primero hace referencia al programa de acción de una autoridad pública o del conjunto de autoridades públicas, en cuanto al desarrollo de las funciones correspondientes a su cargo, en efecto implica la consecución de las actividades gubernamentales planificadas para intervenir en un determinado ámbito social; en cambio una política de Estado implica la implementación, en forma permanente, de directrices que guíen la conducción del Estado, sin ser modificadas por los gobiernos de turno y sus políticas.

 

Ahora bien, el numeral 1 del Artículo 242 hace referencia a la participación de la sociedad civil organizada, en la formulación de las políticas de Estado en el sentido estricto del mandato constitucional, la participación y el control social deben ser ejercidos en la formulación de los lineamientos permanentes de conducción estatal.

 

También debe hacerse notar que la participación de la sociedad civil organizada, en cuanto al diseño de políticas públicas es previsto en el Artículo 241, parágrafo I. en este sentido, la participación se da en los dos ámbitos, tanto en las políticas públicas, como las políticas de Estado.

 

A partir de esta aproximación, se puede inferir que la facultad de participación en la formulación de políticas de Estado, por parte de la ciudadanía, está vinculada a la necesidad de poder concertar las diferentes problemáticas que son razón de una política pública, es decir que esta potestad de participación implica un acercamiento entre la administración gubernamental y la sociedad civil en busca de poder formular políticas de Estado que se ajusten de mejor manera a la realidad y que respondan con mayor eficacia a las demandas y necesidades que emanan de la sociedad.

 

Aunque no se ha esquematizado una vía formal de participación, se puede suponer que la formulación de políticas de Estado sunpone trabajo en conjunto que articule a la administración gubernamental y a la sociedad civil organizada.

 

Desarrollo del control social en todos los niveles del Estado

 

En concordancia con el Artículo 241, parágrafo II, el numeral 3 del Artículo 242 prevé las instancias públicas en las que el control social puede ser desarrollado. En este sentido, dispone su ejercicio en: todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.

 

En este sentido, se prevé un nivel central del Estado, conformado por los Órganos Ejecutivo (Artículo 165), Legislativo (Artículo 145), Judicial (Artículo 179, parágrafo I) y Electoral (Artículo 205). Asimismo, se establecen niveles subnacionales correspondientes a las entidades territoriales, tanto autónomas, como descentralizadas: gobiernos autónomos departamentales (Artículo 277), gobiernos autónomos regionales (Artículo 281) y gobiernos autónomos municipales (Artículo 283), además de las autonomías indígena originario campesinas, cuya conformación y gobierno debe darse mediante normas y procedimientos propios (Artículo 290), por otra parte, también se prevé la existencia de departamentos descentralizados (Artículo 274).

 

Por otra parte, también se dispone la existencia de instituciones y empresas públicas de características autónomas o autárquicas. Por un lado la Contraloría General del Estado (Artículo 213, parágrafo I), la Defensoría del Pueblo (Artículo 218, parágrafo III), el Ministerio Público (Artículo 225, parágrafo I) poseen autonomía funcional, administrativa y financiera[2] —la Contraloría, adicionalmente, posee autonomía organizativa—. Asimismo, las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Artículo 361, parágrafo I) y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (Artículo 363, parágrafo I) poseen condiciones autárquicas de funcionamiento.

 

En este marco, el ejercicio del control social debe ser llevado a cabo en todas las instituciones mencionadas y, asimismo, la ley que regule esta actividad debe establecer las instancias en las que ésta debe realizarse.

 

Generación de un manejo expedito y transparente de la información

 

Las instancias de control social basan su trabajo en la recolección de datos con el propósito de realizar las investigaciones correspondientes en cuanto a la ejecución de proyectos y a la utilización de recursos, en este sentido la imposibilidad de acceder a fuentes de información fehaciente dificulta en gran medida las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

 

En todo caso, el principio establecido por el numeral 4 del Artículo 242, supone que la sociedad civil organizada manejar de manera transparente, la información obtenida con respecto a las actividades y el uso de recursos en la gestión pública.

 

Por otra parte, también se dispone que la información solicitada por las organizaciones de la sociedad civil, en ejercicio del control social, no puede ser denegada y ésta debe contemplar todo lo requerido, debe corresponder a la realidad, debe ser presentada de manera adecuada, en tanto sea comprensible y siga un orden lógico de estructuración y la entrega de la información debe ser oportuna, en relación al espacio temporal entre la solicitud de la información y su correspondiente entrega.

 

Conocimiento y pronunciamiento sobre informes de gestión

 

En el numeral 6 se prevé, como una forma de ejercer el control social, el conocer y pronunciarse sobre informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. En este caso, dado que no se realiza ninguna especificación en cuanto al origen de los informes, debe considerarse a la totalidad de informes emergentes de la Administración Pública, sin importar a qué entidad o nivel estatal corresponden.

 

Por informe de gestión debe entenderse al recuento, generalmente escrito, de los actos llevados a cabo por una persona, en el ejercicio de sus funciones, en un tiempo determinado, en éste se incluyen los objetivos cumplidos, los puntos presupuestarios ejecutados, entre otros.

 

En este entendido las organizaciones de la sociedad civil deben, en primera instancia conocer, informarse con respecto a los diferentes informes emitidos y, posteriormente, deben pronunciarse en referencia a los contenidos que éstos puedan tener, en tanto su veracidad y completitud.

 

Por otra parte, la Constitución Política del Estado cuatro informes referidos a gestiones públicas: el de la Presidente o el Presidente del Estado (Artículo 172, numeral 12), de la Contraloría General del Estado (Artículo 217, parágrafo II), la Defensora o Defensor del Pueblo (Artículo 224) y la Presidenta o el Presidente del Banco Central de Bolivia (Artículo 329, parágrafo III). Debe denotarse que todos los informes mencionados deben ser dirigidos hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional[3]. En este mismo sentido, la ley que regule el ejercicio del control social debe especificar la totalidad de los informes de gestión que la sociedad civil organizada puede conocer, con el propósito de poder delimitar su accionar.

 

[1] Para un mayor desarrollo acerca de la Administración Pública, consulte el análisis del Artículo 232.

[2] En correspondencia a un principio análogo, la Procuraduría General del Estado poseería, igualmente, estas características, si bien esto no se especifica en el texto constitucional, se prevé una reserva legal a la que se remite la organización y estructura de la entidad.

[3] El informe de la Defensora o Defensor del Pueblo también debe estar dirigido al Control Social.


Concordancias

Artículo 106, parágrafo I. Derecho a la información. / Artículo 145. Composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. / Artículo 165. Composición del Órgano Ejecutivo. / Artículo 172, numeral 12. Atribución presidencial de presentar informes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el curso y el Estado de la Administración Pública. / Artículo 179, parágrafo I. Conformación y ejercicio de la jurisdicción ordinaria y agroambiental. / Artículo 205. Composición del Órgano Electoral Plurinacional. / Artículo 213, parágrafo I. Naturaleza de la Contraloría General del Estado. / Artículo 217, parágrafo II. Deber de la Contraloría General del Estado de presentar informes sobre su labor de fiscalización ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. / Artículo 218, parágrafo III. Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. / Artículo 224. Deber de la Defensora o Defensor del Pueblo de informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Control Social sobre la situación de los derechos humanos y la gestión de su administración. / Artículo 225, parágrafo I. Naturaleza del Ministerio Público. / Artículo 241, parágrafo I. Participación de la sociedad civil organizada en el diseño de políticas públicas. / Artículo 274. Departamentos descentralizados. / Artículo 277. Composición del gobierno autónomo departamental. / Artículo 281. Composición del gobierno autónomo regional. / Artículo 283. Composición del gobierno autónomo municipal. / Artículo 290. Condiciones para la conformación de la autonomía indígena originario campesina. / Artículo 329, parágrafo III. Deber de la Presidenta o el Presidente del Banco Central de Bolivia de presentar informe sobre las funciones de la institución a la Asamblea Legislativa Plurinacional. / Artículo 361, parágrafo I. Naturaleza de YPFB. / Artículo 363, parágrafo I. Naturaleza de EBIH.


Tratamiento en el Constitucionalismo Boliviano

Texto Constitucional 2009

 

Artículo 242

 

La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan.

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.

 

Análisis

 

Es la primera vez en el constitucionalismo boliviano que se hace referencia a la potestad de la sociedad civil organizada de ejercer control social a los entes públicos y sus actividades y, asimismo, las formas de ejercer este derecho. En este sentido el Artículo 242 supone una novedad en la historia constitucional boliviana.

Tratamiento en los archivos, actas y resoluciones del constituyente

Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre 2008

 

Artículo 242

 

La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan.

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.

 

Fuente: Ley Nº3942 de 21 de octubre de 2008.

 

Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, diciembre de 2007

 

Artículo 243

 

La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

3. Velar por la aplicación adecuada de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental y de la jurisdicción indígena originario campesina.

4. Desarrollar el control social en todos los niveles del Estado, que incluye el control sobre las instancias autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.

5. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

6. Formular informes para activar la revocatoria de mandato.

7. Conocer y aprobar los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.

8. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.

9. Denunciar e instruir a las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.

10. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan.

11. Apoyar al órgano electoral en la postulación de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.

 

Fuente: Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande, en Detalle y en Revisión.

 

Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca, noviembre de 2007

 

Artículo 241

 

La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas del Estado

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes

3. Velar por la aplicación adecuada de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción indígena originario campesina

4. Desarrollar el control social en todos los niveles del Estado, que incluye el control sobre las instancias autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas

5. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna

6. Formular informes para activar la revocatoria de mandato

7. Conocer y aprobar los informes de gestión de los Órganos y Funciones del Estado

8. Coordinar la planificación y control con lo Órganos y Funciones del Estado

9. Denunciar e instruir a las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente

 

Fuente: Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande.

 

Informes de Comisión de la Asamblea Constituyente: Comisión 4 (Organización y Estructura del Nuevo Estado)

 

Informe por Mayoría

 

ÓRGANO SOCIAL

 

Artículo.- De las atribuciones:

 

I. Controla y vigila políticas nacionales en los niveles regionales y locales.

II. A nivel nacional: los tres órganos: ejecutivo, legislativo y judicial.

III. A nivel departamental y local: Prefecturas, Alcaldías, Instituciones Públicas, Empresas estatales y/o Privadas que tengan relación contractual civil y/o comercial con el Estado.

IV. Previene e investiga hechos y/o actos de corrupción en todas las instituciones públicas del Estado e Instituciones Privadas relacionadas de modo contractual con el Estado Boliviano.

V. Revocatoria de mandato

 

Artículo.- Obligatoriedad:

 

I. Todos los funcionarios públicos y privados que tengan relación contractual con el Estado, sin distinción del órgano, poder e institución al o a la que correspondieren o fueren dependientes están obligados a:

i. Expedir informes,

ii. Prestar declaraciones o;

iii. Exponer documentos

II. Con carácter de urgencia y preferencia cuando así lo requiera el órgano social, excepto en aquellos casos confidenciales y/o de secreto nacional para el Estado; según los procedimientos que establezca la ley Orgánica.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo II, Volumen 1, pág. 494, 495.

 

Informe por Minoría

 

No se encontraron antecedentes.

 

Informes de Comisión de la Asamblea Constituyente: Comisión 8 (Otros Órganos del Estado)

 

Informe por Unanimidad, por Mayoría Absoluta y Artículos en Disenso

 

CONTROL SOCIAL

Propuesta de Rolando Tejerina Carvajal

 

Artículo 3.- (Coordinación y deber de colaboración).- Para el cumplimiento de sus fines, los representantes del Control Social en el nivel nacional coordinan sus actividades con los Poderes y Órganos del Estado, correspondiendo a éstos tramitar sus pedidos. Tiene su sede en la ciudad de Sucre.

 

Asimismo está facultado para solicitar a todos los servidores públicos de la administración pública información y documentos que considere necesarios para llevar adelante sus investigaciones, quienes tienen la obligación, bajo las sanciones que establezca la ley, de prestar colaboración con carácter preferente y urgente a los representantes del Control Social, y las personas que colaboren para el esclarecimiento de los hechos gozan de protección legal.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, pág. 1009.

 

EL CONTROL SOCIAL

(PROPUESTA DE TRES CONSTITUYENTES)

 

Artículo 3.- (El Consejo de Control Social) La Función del Control Social se ejerce por el Consejo de Control Social integrado por la representación de las organizaciones sociales definidas por ley. Aprueba las ternas para que el Congreso/Asamblea Nacional elija por dos tercios de los presentes al Defensor del Pueblo, Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado y Contralor General del Estado; y, efectúa seguimiento al cumplimiento de sus competencias.

 

Articulo 4.- (Organización y Funcionamiento) La organización y funcionamiento de la Función del Control Social en los niveles nacional, departamental, regional, municipal y territorial indígena originario serán establecidas mediante ley. El Estado garantiza las condiciones de su funcionamiento.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, pág. 1010.

 

CONTROL SOCIAL

(PROPUESTA DOC. ADICIONADO)

 

ART 3. Para el ejercicio de la función de control social las organizaciones de la sociedad civil actuarán en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Contralor General y el Ministerio Público, pudiendo instar a estas instancias, sin que ellas puedan denegar la petición, realizar las investigaciones necesarias e interponer las acciones legales oportunas para determinar la responsabilidad civil, penal y administrativa de quien corresponda.

 

ART 4. La organización y funcionamiento del ejercicio del control social por parte de las organizaciones de la sociedad civil en los niveles nacional, departamental, regional, municipal y territorial indígena originario serán establecidas mediante ley.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, pág. 1011.

 

Propuesta de Texto Constitucional de las Organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, mayo de 2007

 

Artículo 172

 

II. La prestación de los servicios básicos debe contemplar mecanismos de participación, cogestión y control social de los usuarios y usuarias y sus organizaciones sociales de acuerdo a normas y procedimientos propios.

 

Artículo 218

 

IV. Los recursos naturales y sus productos derivados son de dominio y propiedad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, afrodescendientes y comunidades interculturales y de la población culturalmente diversa del campo y la ciudad. Su administración es ejercida a través del Estado por medio de institución o empresas públicas gestionadas colectivamente y con control social, en concordancia con lo dispuesto en esta Constitución.

VI. El Estado promueve la articulación económica de los sectores extractivos de la economía con el aparato productivo interno y el sector productivo industrial; su finalidad es garantizar mayor valor agregado a los recursos naturales y materias primas para beneficio de todos los bolivianos y bolivianas. Se garantizará el control social en estos procesos.

 

Artículo 266

 

El Estado Unitario Plurinacional debe fomentar la comunicación bajo los principios de unidad en la diversidad, reciprocidad, complementariedad, solidaridad, interculturalidad, intraculturalidad, equidad de género, participación, control social y consentimiento libre informado previo.

 

Fuente: Acta de Acuerdo de las Organizaciones del Pacto de Unidad, Constitución Política del Estado Boliviano.

 

Análisis

 

El Artículo 242 se consolida en los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional, en octubre de 2008, estableciendo diez numerales en cuanto a las formas de ejercicio de la participación y control social. En el Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande en Chuquisaca, en noviembre de 2007, se disponen nueve numerales, los cuales son retomados en el Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, en diciembre de 2007, en el que se añaden dos numerales más. En la versión final del Artículo 242 se retoman prácticamente todos los numerales establecidos en el texto de Oruro, a excepción del 3: Velar por la aplicación adecuada de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental y de la jurisdicción indígena originario campesina, precepto presente desde el texto aprobado en Chuquisaca.

 

También debe hacerse notar que si bien suponen las mismas condiciones, la redacción de algunos numerales es cambiada entre el texto aprobado en Oruro y aquel ajustado en el H. Congreso Nacional.

 

En el Informe por Mayoría de la Comisión 4 (Organización Estructura del Nuevo Estado) de la Asamblea Constituyente, se prevé que el control social puede controlar y vigilar las políticas en todos los niveles del Estado, y a las entidades que los componen; asimismo tiene la facultad de prevenir e investigar hechos de corrupción en entidades públicas e instituciones privadas relacionadas contractualmente con el Estado y asimismo, prever las condiciones referidas a la revocatoria de mandato. De igual manera, se dispone que los funcionarios públicos tienen el deber de brindar toda la información que les sea requerida.

 

En el Informe por Unanimidad, por Mayoría Absoluta y Artículos en Disenso de la Comisión 8 (Otros Órganos del Estado) se disponen tres documentos, en referencia al control social: Propuesta de Rolando Tejerina Carvajal, Propuesta de tres constituyentes y Propuesta de documento adicionado.

 

En el primero se estipula que el control social está facultado para solicitar, a los servidores públicos, toda la información requerida para sus investigaciones; en el segundo, es decir la Propuesta de tres constituyentes, se prevé que el control social aprueba las ternas para la elección congresal de Defensor del Pueblo, Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado y Contralor General del Estado, por otra parte se establece una reserva legal para el establecimiento de la organización y el funcionamiento del control social; en la Propuesta de documento adicionado se dispone que las organizaciones que ejerzan el control social deben realizar sus funciones en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Contralor General y el Ministerio Público, pudiendo requerir de estas instancias, investigaciones y la interposición de acciones legales, para la determinación de responsabilidades civil, penal y administrativa, en este documento también se prevé una reserva legal para el establecimiento de la organización y funcionamiento del ejercicio del control social.

 

Finalmente, en la Propuesta de Texto Constitucional del Pacto de Unidad, si bien se hace mención al ejercicio del control social en diferentes ámbitos, no se desarrollan referencias para las formas de ejercicio del control social.

Alcance de la reserva legal

El Artículo 242 presenta dos reservas legales:

 

La primera supone las formas previstas de participación y control social, en este sentido se abre la posibilidad de que la normativa correspondiente prevea otras formas de ejercicio de la participación y el control social, aparte de las establecidas en la Constitución vigente[1].

 

La segunda reserva legal es prevista en el numeral 5 del artículo, ésta hace referencia al procedimiento de solicitud de revocatoria de mandato, en este caso la normativa legal debe esbozar las condiciones del procedimiento de revocatoria de mandato, en las que se incluye su iniciativa o solicitud[2].

 

[1] La Ley N°341 Ley de Participación y Control Social de 5 de febrero de 2013, en su Artículo 24 dispone el alcance de la participación y el control social.

[2] La Ley N°026 Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010, en su Artículo 26, establece las condiciones para la iniciativa popular de revocatoria de mandato.

Bibliografía

Acotto, Laura. 2003. Las organizaciones de la sociedad civil. Un camino para la construcción de ciudadanía. Buenos Aires-Argentina: Espacio Editorial.

Disponible en:

http://www.cenoc.gov.ar/Resenas/Laura%20Acotto.doc  Acceso el: 19 de noviembre de 2011.

 

Aguilar Villanueva, Luis. 2003. La hechura de las políticas públicas. México: Porrúa.

 

Cabanellas, Guillermo. 1996. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires – Argentina: Heliasta.

 

Chávez, Patricia; Mokrani, Dunia. 2010. Desafíos del control social en el marco de la nueva constitución política del Estado desde los horizontes de lucha abiertos por los movimientos sociales. La Paz-Bolivia: Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Texto no publicado.

 

Cortez, Roger. 2010. Participación y control social: piezas claves de la construcción democrática y la autodeterminación social. La Paz - Bolivia: FES-ILDIS; FBDM.

 

España Raúl; España, José Luis; Peres, José Antonio y Rozo, Paola. 2005. El Control Social en Bolivia: un Aporte a la reflexión y Discusión. La Paz - Bolivia: Plural. 

 

Komadina Rimassa, Jorge. 2011. El debate sobre el control social en Bolivia. Cochabamba-Bolivia: Kipus; CEADESC.

Disponible en:

http://www.ceadesc.org/wp-content/uploads/2012/01/debate-sobre-el-control-social.pdf Acceso el: 10 de noviembre de 2012.

 

Lahire, Eugenio. 2002. Introducción a las políticas públicas. Santiago de Chile- Chile: Fondo de Cultura Económica.

 

Nalda, José. 1993. La administración pública para la democracia. Algunos aspectos estratégicos. Caracas - Venezuela: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

 

Real Academia Española. 2001. Diccionario de la lengua española. 22. ed. Disponible en: <http://lema.rae.es/drae>. Acceso el: 29 de abril 2013.

 

Tapia, Luis. 2007. La igualdad es cogobierno. La Paz - Bolivia: Plural.

 

Vicepresidencia del Estado. Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano. 2012. La Paz - Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

Webgrafía

0

Documentos legales

Ley Nº 3942 de 21 de octubre de 2008.

 

Ley N°026 Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010.

 

Ley N°341 Ley de Participación y Control Social de 5 de febrero de 2013.

 

Textos constitucionales de Bolivia 1826 – 2009.

Archivos, actas y resoluciones

Acta de Acuerdo de las Organizaciones del Pacto de Unidad, Constitución Política Del Estado Boliviano de mayo de 2007.

 

Informes de la Comisión 4  (Organización y Estructura del Nuevo Estado) de la Asamblea Constituyente.

 

Informes de la Comisión 8 (Otros Órganos del Estado) de la Asamblea Constituyente.

 

Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre de 2008, Ley 3942 de 21 de Octubre de 2008.

 

Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande de noviembre de 2007.

 

Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Nueva Constitución Política del Estado. Versión Oficial, Aprobada en Grande, en Detalle y en Revisión de diciembre de 2007.


Fecha de su ultima actualización: 25/05/2013 11:13:59 p.m.

Centro de Estudios Constitucionales 2013