Lecturas e interpretaciones de la Constitución Política del Estado boliviana[1]

Problematizar cómo leer la Constitución Política del Estado supone contar con una breve descripción de la llamada «interpretación» o «hermenéutica» constitucional. En atención a ello a continuación se exponen los métodos y principios de interpretación constitucional tradicionales, es decir, los más comunes y de más fácil acceso en la literatura jurídica, tomando en cuenta que la interpretación busca dar con la finalidad del texto.

Dentro de los métodos tradicionales de interpretación se encuentra la interpretación sistemática de la Constitución que, según Naranjo Mesa (2010), es uno de los métodos de interpretación más útiles y a la vez más utilizados. Señala que la Constitución debe interpretarse “siempre como un cuerpo o un conjunto orgánico y sistémico, de carácter fundacional, fundamental y supremo” (Linares Quintana, 1987: 405).

En este sentido, la interpretación puede ser tanto de la misma Constitución, como de un texto jurídico infraconstitucional vinculado con la Constitución. En el primer caso se debe interpretar a la Constitución como un todo, es decir, se debe comprender un artículo (o un conjunto de ellos) con relación a la sección a la que pertenece; luego, con relación al capítulo al que pertenece, para continuar con la relación que tiene con el título y, finalmente, con la parte de la Constitución en la que se encuentra situado. Generalmente se cuenta con una parte dogmática (que en nuestra Constitución sería la primera y la quinta parte) y una parte orgánica o de organización institucional (que en nuestra constitución se encuentra en la segunda, tercera y cuarta parte).

En el segundo caso, se debe interpretar cualquier texto jurídico infraconstitucional conforme con la Constitución.

Naranjo Mesa (2010) señala:

La sistematicidad debe ser entendida a partir del momento en que un país se da una Constitución [sic], forzando al resto del ordenamiento jurídico a ser interpretado conforme a los preceptos de ella. En un sistema de Constitución rígida, tal sistematicidad es jerárquica, pues las relaciones entre sus componentes no revisten el carácter de igualitarias. (433).

Otro método tradicional es el denominado “interpretación adecuadora”, el cual propone adecuar los preceptos constitucionales a las condiciones materiales (sociales, económicas y políticas) que hay en el momento en que se hace la interpretación. Esto no quiere decir que so pretexto de cierta flexibilidad se proponga la destrucción de la Constitución.

Siguiendo a Linares Quintana (1987),

flexibilidad no es sinónimo de factibilidad de cambio, sino que en realidad significa lo opuesto. Un objeto flexible es uno que puede ser doblado sin que se rompa, que puede ser ajustado a las nuevas condiciones sin experimentar un cambio sustancial. (433).

La interpretación adecuadora es un presupuesto de cláusulas abiertas, como la de derechos humanos, pues la Constitución no enumera todos los derechos de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los deja abiertos a un devenir de derechos. De la misma manera lo establece el parágrafo II del artículo 13: “Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados”.

Para el método de interpretación adecuadora, el texto jurídico es amigable, y se pueden desentrañar posibilidades para el caso concreto. En un sentido similar, Zagrebelsky (2009) utiliza el término italiano mite para referirse al Derecho como posibilidad abierta a la interpretación; como ya se dijo páginas atrás, mite es traducido al castellano como dúctil.

Esta posibilidad de ductilidad, de docilidad, de ser acomodadizo es la que trastorna el carácter de solidez del Derecho. Los jueces, al momento de interpretar el texto constitucional deben pensar en el Derecho como posibilidad, como algo amigable, tranquilo, apacible, abierto a la justicia a partir de la creación de una política constitucional y una decisión justa, ajustada al caso concreto.

Por último, otro método tradicional de interpretación es el teleológico o finalista. Este método, de inspiración ilustrada, busca desentrañar la intención o espíritu del texto jurídico. En este caso la interpretación debe orientarse en función de lo que busca la Constitución, su finalidad, su objetivo, o en razón de lo que buscaron los constituyentes; aunque en este caso ya se ingresa a la voluntad constituyente que se analizará más adelante.

Según Linares Quintana (1987),

el objeto general de la Constitución debe ser constantemente tenido en cuenta; la redacción de cada disposición aislada debe interpretarse con referencia a aquel propósito y en tanto sirva al mismo. Ningún Tribunal está autorizado a interpretar una cláusula de la Constitución frustrando sus fines obvios. (275).

Para Aharon Barak (2017) la interpretación teleológica es la mejor teoría de la interpretación constitucional pues pone en juego la voluntad constituyente con el texto abierto a la interpretación.

Con respecto a los principios de interpretación constitucional, los más tradicionales son:

Pro homine: este principio se irradia a toda norma jurídica y consiste en aplicar el mayor beneficio al ser humano. Siguiendo a Sagüés (como se citó en Cárdenas, 2011), es “una directriz de preferencia interpretativa, esto es, el intérprete de los derechos humanos ha de buscar la interpretación que más optimice un derecho constitucional” (141).

Favor debilis: principio que considera que los derechos fundamentales son la ley del más débil (Ferrajoli, 2006). Es la normativa que defiende al que no se encuentra en posibilidades de igualdad. Siguiendo a Bidart Campos (como se citó en Cárdenas, 2011), “es menester considerar especialmente a la parte que, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de condiciones o, dicho negativamente, no se encuentra realmente en pie de igualdad” (141).

De posición preferente: principio que establece que los derechos fundamentales gozan de una posición preferente en el ordenamiento jurídico. En este sentido, cuando se encuentran en disputa una norma y un derecho, este último tiene una posición preferente[2]. Como sostiene Herbert Krueger (como se citó en Cárdenas, 2011), “si antes los derechos fundamentales valían en el ámbito de la ley, hoy las leyes valen solo en el ámbito de los derechos fundamentales” (142).

De mayor protección de los derechos humanos: este principio señala que se deben privilegiar las interpretaciones que habiliten y extiendan la normatividad de derechos; es decir, que generen mayores posibilidades de defensa de los derechos. Este principio debe entenderse conforme con lo dispuesto en los literales b y d del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: […] b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; […] d. Excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

De fuerza expansiva de los derechos fundamentales: este principio postula que los derechos fundamentales se aplican a todas las materias del Derecho —como efecto de la constitucionalización del ordenamiento jurídico— sobre todo, a las relaciones entre particulares, “actuando como verdaderos límites a la autonomía privada, extendiendo por tanto su eficacia a las relaciones entre privados” (Monroy Cabra, como se citó en Cárdenas, 2011: 146).

El principio de la fuerza expansiva de los derechos pone a estos como ejes ordenadores de las relaciones civiles, económicas, laborales, mercantiles, etc.

La fuerza expansiva de los derechos en todas las esferas, sobre todo en la civil (comercial, económica, mercantil) y ante terceros, es denominada por la doctrina alemana como Drittwirkung.

Al respecto Tomás de Domingo señala:

Esta posición central de los derechos fundamentales les dota de una vertiente objetiva o institucional, de manera que no solo son un instrumento de protección del individuo frente al Estado, sino también un “sistema de valores” objetivo que en cuanto tal aspira a regir en todos los ámbitos de la comunidad política. Por consiguiente, esta dimensión institucional de los derechos fundamentales refuerza su influencia en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, lo que se conoce como el “efecto de irradiación” de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva surge la discusión sobre la Drittwirkung, pues no parecía lógico que unos derechos que se fundan en la dignidad humana, y que se sitúan en la base de toda comunidad humana, limitaran su eficacia a las relaciones individuo-Estado; deberían alcanzar también, por el contrario, plena vigencia entre particulares. (2010: 134-135).

Pro natura: este principio, bastante nuevo en comparación con los anteriores, se vincula con la protección de los derechos ambientales y con todo lo que favorezca a otros seres vivos (conforme lo establece el artículo 33 y el numeral 16 del artículo 108 de la Constitución). El principio señala que “en caso de duda sobre las disposiciones legales en materia de medio ambiente, éstas se aplicarán en el sentido que más favorezca a la protección de la naturaleza y de los seres vivos” (Murcia, como se citó en Acosta y Martínez, 2011: 310).

In dubio pro reo y pro operario: estos principios plantean que, en caso de duda sobre la aplicación de una norma, esta deba ser aplicada, respectivamente, a favor del imputado y a favor del trabajador. El principio in dubio pro operario se encuentra explícito en el parágrafo II del artículo 48. El principio in dubio pro reo se encuentra explícito en el artículo 116 de la Constitución. Ambos son una modalidad del principio favor debilis.

De la supremacía de la Constitución y fuerza normativa: este principio es el que establece el cambio del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho. En este sentido, prevalece la Constitución y sus normas por encima de cualquier otra disposición infraconstitucional.

De interpretación restrictiva, extensiva y analógica: este principio se ordena en tres modos.

La interpretación es restrictiva cuando se limitan o reducen los privilegios que establece la Constitución; por ejemplo, fueros, inmunidades, etc. La interpretación es extensiva cuando se aplica el sentido más amplio de la norma; en particular, cuando se trata de beneficios a la persona (sea individual o colectiva). Y, finalmente, la interpretación es analógica cuando se busca cubrir una determinada área que no está prevista por la norma, pero que es necesaria.

Si bien el artículo 196, en su parágrafo II, establece los criterios de interpretación constitucional (voluntad constituyente y tenor literal del texto), debe repararse en que no prohíbe el uso de otros criterios de interpretación constitucional, como los mencionados anteriormente. En suma, un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional puede recurrir a los criterios de interpretación que considere necesarios previa fundamentación de su uso.

Los métodos y principios de interpretación constitucional en el texto vigente

A continuación, se revisan los criterios anotados en el artículo 196 de la Constitución boliviana, y posteriormente se revisan otros criterios adicionales que se desprenden del mismo texto constitucional y de la estrategia deconstructiva y de pluralismo jurídico que habitan en el texto constitucional vigente.

La voluntad constituyente

La búsqueda de la voluntad constituyente es parte del método de interpretación teleológico o finalista que, como se señaló páginas atrás, debe orientarse en función de lo que busca la Constitución. “Como cualquier texto jurídico, la constitución debe ser interpretada de acuerdo a su finalidad” (Barak, 2017: 70).

Esta búsqueda de la finalidad “se ocupa, en primer término, del examen de los actos en los que se exterioriza las discusiones suscitadas en el momento de la elaboración de la norma, y por consiguiente de los trabajos preparatorios” (Linares Quintana, 1987: 258).

El complejo proceso constituyente boliviano que se desarrolló entre 2006 y 2009 permite afirmar que la Constitución Política del Estado ha sido construida por etapas, por capas, entre las cuales se pueden identificar:

  • Las propuestas de la sociedad civil; entre estas, la propuesta de las organizaciones del Pacto de Unidad, gravitante en la elaboración de los informes y en el trabajo consolidado para los borradores de texto constitucional, entre otros.
  • Los informes de las comisiones de la Asamblea Constituyente, que alimentarán el debate para el texto consolidado de los primeros borradores del texto constitucional.
  • El texto constitucional aprobado en grande en Chuquisaca en noviembre de 2007.
  • El texto constitucional aprobado en grande y en detalle y revisión en Oruro en diciembre de 2007.
  • El texto constitucional acordado en el Congreso de la República en octubre de 2008.
  • El texto Constitucional aprobado en referéndum constitucional el 25 enero de 2009.

Son estas etapas las que permiten rescatar la voluntad constituyente como uno de los criterios preferentes de interpretación constitucional. Se debe enfatizar que estos criterios son solo eso: criterios. Tanto los informes de Comisión como los textos constitucionales aprobados en Chuquisaca y en Oruro son documentos en los que se estampan las firmas de los constituyentes; en consecuencia, pueden ser tomados como documentos, actas y resoluciones del constituyente, conforme lo establece el parágrafo II del artículo 196.

En este sentido, es posible interpretar la Constitución con todos estos documentos que retratan la voluntad del constituyente. De esta manera se despliega un abanico mucho más amplio y rico en posibilidades de interpretación que tienen como condición el carácter preferente señalado en el artículo 196.

El tenor literal del texto

Mathias Klatt (2017) señala:

El tenor literal de una norma juega un papel determinante en la metodología jurídica en la medida que realiza tres importantes funciones. En primer lugar, es el punto de partida de la interpretación de las leyes. En segundo lugar, posee enorme repercusión en el cumplimiento del principio de sujeción a la ley por parte de los órganos judiciales. Finalmente, fija el límite entre la interpretación y la creación judicial del derecho. (23).

El tenor literal del texto se emplea para la aplicación del método gramatical, uno de los más antiguos métodos de interpretación, pues fue el método por excelencia de los glosadores.

Una ilusión del paleopositivismo[3] jurídico fue tratar de encontrar un significado exacto en cada término jurídico, y solo en caso de oscuridad, recurrir a los principios generales del Derecho. Esto llevó a considerar el tenor literal del texto como la referencia clásica del método gramatical antes referido.

La Constitución vigente, en el parágrafo II del artículo 196, señala como criterio preferente de interpretación, después de la voluntad constituyente, al tenor literal del texto.

El mandato del tenor literal podría resumirse en el principio de que no hay nada fuera del texto. Este criterio, como fuente de interpretación, supone un trabajo de concordancia interna del texto constitucional a momento de tratar de encontrar las posibilidades de significado de los términos que se utilizan en los catálogos de derechos y en el texto Constitucional en sí.

Sin embargo, al tratar categorías como pueblo boliviano, vivir bien, soberanía y otros, el intérprete se encuentra frente a lo que se denomina como significante flotante, es decir, un término que no termina de llegar a un significado (final), que flota, que no posee el peso determinante del cierre[4]. Este fenómeno nos coloca delante de una riqueza de posibilidades que transforma el término en una categoría constitucional compleja, con un abanico de posibilidades de interpretación.

Asimismo, al momento de tratar otros términos como descolonización, comunidades interculturales, libre determinación, territorialidad y otros, el intérprete se encuentra frente a indecibles e indecidibles que precisan el auxilio de la interpretación. Es decir, cuando el intérprete no encuentra en el texto un significado preciso, necesita convocar a algo que está en el texto pero que no se explica, no se define en él.

Es el mismo tenor literal del texto el que otorga alternativas: interpretación heurística, interpretación vía bloque de constitucionalidad, interpretación a partir de instrumentos internacionales de derechos humanos, e interpretación intercultural, entre otras.

Entonces, con respecto a la interpretación literal del texto, es posible que nos encontremos con significantes flotantes y con indecibles constitucionales que abran un abanico mucho más amplio de interpretación, no de cierre.

Finalmente, conviene cambiar la noción jurídica y tradicional de tenor: como la voz que sustenta y desarrolla un registro posible de voz, de posibilidades que provienen de la resignificación de cada término en el texto mismo de la Constitución. Este registro debe ser convocado para la búsqueda de una armonía de la Constitución aplicada a un caso concreto.

En este sentido, el tenor literal del texto no es otro que la voz que armoniza la Constitución con los materiales constitucionales necesarios para “decir la Constitución” o para decir algo desde la Constitución.

Como se señaló anteriormente, quien diga lo que es o lo que dice la Constitución, la voz que otorgue significado a los artículos de la Constitución, lo podrá hacer solo a condición de su aplicación en un caso concreto. De lo contrario, el tenor literal generará una disonancia con la posibilidad de una armonía.

Pero el ruido es siempre una posibilidad abierta.

La deconstrucción derrideana hace hincapié en el carácter contradictorio de todo texto y en la violencia latente en la Ley. El devenir del Derecho, es decir, su invención como condición del acontecimiento no necesariamente podrá generar una armonía. Como señala Luis Gámez en su ensayo El arte del ruido,

si aceptamos la capacidad profética que Jacques Attali otorga a la música (su capacidad para anticipar los cambios sociales mucho antes de que se hagan evidentes) se puede afirmar que nuestras sociedades, desde finales del siglo XX, han evolucionado en una dirección y a una velocidad tal que han asimilado expresiones originalmente radicales (…). El ruido no es música impensable, pero resulta terrorífico siquiera pensar en la clase de mundo que anuncia con su estruendo ensordecedor. Trompetas de Jericó. En el advenimiento de este mundo por venir, el noise alcanzará su frecuencia de resonancia y multiplicará las vibraciones hasta provocar el colapso en el que acabará todo y desde el que todo tendrá que empezar de nuevo. (Gámez, 2012: 54-55).

En un tono similar Alex Ross, en El ruido eterno: Escuchar al siglo XX a través de su música, señala que con el tiempo, los extremos se convierten en contrarios. Los acordes escandalosos de Schoenberg, tótems del artista vienés sublevado contra la sociedad burguesa, se filtran en películas de policías de Hollywood y en el jazz de la posguerra. El supercompacto material dodecafónico de las Variaciones para piano de Webern muta en una generación o dos en Second Dream of the High-Tension Line Stepdown Transformer de La Monte Young. La notación indeterminada de Morton Feldman conduce por un camino tortuoso a “A Day in the Life” (“Un día en la vida”) de los Beatles. (Ross, 2011: 667).

La armonía es un ideal, incluso uno moderno y estable. El ruido es híbrido y real.

Interpretación vía bloque de constitucionalidad

Esta modalidad de interpretación es considerada también parte de la interpretación literal del texto, pues conforme a lo establecido en el artículo 410 de la Constitución, son parte de la Constitución, de sus contenidos, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas del Derecho Comunitario, ratificados por el país; es decir, continúa una interpretación extensa y abierta del texto constitucional.

El artículo 256 de la Constitución incluye en la noción de bloque de constitucionalidad a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado. Entonces, se descentra el requisito de “ratificación necesaria” del tratado y se amplía el criterio polisémico de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, con lo que se despliega una pluralidad de instrumentos.

También se establece una condición: que los tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos declaren derechos “más favorables” a los contenidos en la Constitución, generando la posibilidad de ponderar derechos más favorables, derechos que convengan más a un caso concreto.

De la misma forma el parágrafo IV del artículo 13 de la Constitución incluye en la interpretación vía bloque de constitucionalidad a los deberes consagrados en la Constitución; es decir, lo establecido en el artículo 108 de la Constitución (la lista de deberes de todas las bolivianas y bolivianos) debe ser leído en contraste y tensión con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Interpretación de cláusula abierta

El parágrafo II del artículo 13 de la Constitución señala que “los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados”. En consecuencia, la Constitución establece un reconocimiento de otros derechos, sin condicionar la naturaleza o la fuente de ellos.

Inicialmente se puede asociar esta fuente de derechos a la voluntad del constituyente conforme con sus documentos, actas y archivos, así como con la interpretación intercultural de los derechos.

La cláusula abierta de los derechos permite pensar en derechos en devenir, es decir, en derechos que vendrán. Por ejemplo, es posible incluir en esta cláusula abierta a los derechos de ciudad, a los derechos de la naturaleza y a los derechos de los animales, entre otros.

La riqueza de acepciones que puede haber del término “derechos no enunciados” es muy amplia y, en consecuencia, el término está abierto a la interpretación.

Interpretación intercultural

A partir de 2009, se constitucionaliza la pluralidad y, en consonancia, el pluralismo jurídico[5] que supone necesariamente un diálogo intercultural entre derechos y a la vez un descentramiento con respecto a la fuente de derechos.

Si se interpreta la Constitución tomando en cuenta con preferencia la voluntad constituyente (conforme a lo establecido en el parágrafo II del artículo 196), debe repararse en lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 199 del proyecto de texto constitucional aprobado en grande en Chuquisaca[6]:

“II. La jurisdicción indígena originaria campesina respetará los derechos fundamentales establecidos en la presente Constitución, interpretados interculturalmente”.

Asimismo, el informe de la subcomisión de Justicia Comunitaria de la Comisión 6 (Judicial) señala:

“La jurisdicción indígena originaria campesina respetará los valores y derechos fundamentales establecidos en la presente Constitución, interpretados interculturalmente”.

Por lo dicho hasta aquí, la voluntad constituyente permite rescatar la interpretación intercultural, que es parte del pluralismo jurídico, establecida tanto en el artículo 1 como en el artículo 178 de la Constitución vigente.

Para el pluralismo jurídico no hay una sola fuente del Derecho y de los derechos; no hay una sola fuente del lenguaje de los derechos y de las posibilidades de su realización, sino que existe una pluralidad previa que funda los pluralismos como estrategias de diálogo intercultural.

El pluralismo connota la existencia previa de comunidades de derechos que provienen de diferentes matrices culturales. Es decir, el pluralismo supone que hay más de una fuente de derechos, pues hay más de una comunidad de derechos. La interpretación moderna de derechos corresponde en realidad solo a una de las comunidades de derechos.

El pluralismo, en todo caso, debería connotar la posibilidad de una comunidad de comunidades de derechos, que debe caracterizarse por su carácter producido e inventado[7], de necesidad histórica y política, es decir, de concreción política construida por necesidades y determinaciones históricas, lo cual también se relaciona con una nueva condición de estatalidad que está en juego en la Constitución.

Esta comunidad de comunidades no es una síntesis, tampoco supone la construcción de una comunidad que elimina a las comunidades que la constituyen. Es, si se desea, una caracterización, una comunidad sin comunidad[8] que descentra la posibilidad de ser una comunidad realizada de manera definitiva.

Es necesario reparar en la condición plural y política de esta comunidad de comunidades de derechos, puesto que si fuera una comunidad social —o natural— se corre el riesgo de eliminar la diversidad de las comunidades de derechos y repetir el predominio de una comunidad sobre las otras. Por ello la comunidad de comunidades presupone la existencia previa de las otras comunidades. Es el carácter singular e inacabado de la pluralidad. Entonces las comunidades existen previamente (esta la idea de la pluralidad y de pluralismo igualitario, es decir, muchos espacios de justicia), y para definir algún campo de aplicación del Derecho se unen en una comunidad de comunidades (pluralismo unitario, es decir, un solo espacio de justicia, pero constituido pluralmente).

El pluralismo jurídico[9], en este entendido, supone descentrar al sistema jurídico dominante bajo el cual se ha organizado el Estado moderno y el constitucionalismo, y al descentrar, también vaciar los contenidos que funcionan como eje de organización de la discursividad de derechos.

Cuando nos referimos a que la comunidad de comunidades se genera en el diálogo político no nos referimos a lo político partidario, sino a lo político que en sí mismo posibilita la pluralidad; es decir, lo político como querella discursiva, querella de la igualdad de las comunidades en busca de acordar esta comunidad de comunidades, en un tiempo y momento histórico, que no supone la fundación de ninguna categoría universal.

En consecuencia, la Constitución abre la posibilidad de pensar otro derecho o un derecho otro que no es un derecho de la otredad, sino un derecho de la comunidad de comunidades, es decir, un derecho a ser construido y que transformaría el lenguaje de derechos y abriría las posibilidades de un Constitucionalismo plurinacional.

Interpretación de la Constitución por medio del precedente y la jurisprudencia

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia puede emitir las siguientes resoluciones: 1) sentencias constitucionales; 2) declaraciones constitucionales; y 3) autos constitucionales.

La vinculatoriedad de las decisiones y sentencias, establecida en el artículo 203, debe comprenderse para las dos primeras: 1) sentencias constitucionales y 2) declaraciones constitucionales.

Las declaraciones constitucionales no crean derecho per se, pues están relacionadas con el control previo de constitucionalidad, es decir, con la actividad del Tribunal de responder a consultas sobre proyectos de ley.

Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional sí crean Derecho, en cuanto que determinan el fin de un conflicto en el que se disputa un derecho constitucional o una interpretación específica de la Constitución y la ley (artículo 196).

A partir de la interpretación de las disposiciones que se encuentran en la Constitución, así como de la interpretación de las leyes conforme con lo establecido por la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede expulsar del ordenamiento jurídico leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones, o puede mantener su vigencia a través de una interpretación de la disposición acorde con la Constitución. Además, por medio de resoluciones puede sustituir una disposición por otra o complementar la disposición con un razonamiento constitucional. El Tribunal desarrolla todas estas tareas a través de las resoluciones que emite.

La posibilidad de crear derecho a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra en las denominadas sentencias interpretativas[10], las sentencias aditivas o integradoras[11] y las sentencias sustantivas[12].

La colección de sentencias —específicamente de la parte de la sentencia denominada ratio decidendi[13]— genera en sí lo que se conoce como jurisprudencia.

Como señala Diego Eduardo López Medina,

el derecho se ha liberado del monopolio de la ley. Sin dejarla de lado, apelando a un entendimiento más profundo del principio democrático y de las exigencias de la justicia, el derecho definitivamente se abre a una variedad de fuentes, modifica sus métodos y formas de aprehender la realidad y de reaccionar a su entorno. El juez se ve obligado a imprimir un giro a su quehacer puesto que debe resolver las controversias y cada vez con mayor nitidez es manifiesto que la ley ha dejado de ser la única cantera de la que pueden extraerse sin más las reglas o principios que determinen su solución. (López, 2006: XII).

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional posibilita la construcción de líneas de interpretación jurídica y bases de comprensión racional del Derecho, en busca de una realización de un nuevo Derecho Constitucional Plurinacional.

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  1. Esta es una adecuación para el portal econstitucional.com de una parte del libro «Constitución y deconstrucción» de Farit L. Rojas Tudela (2018).
  2. Con una idea similar, Ronald Dworkin señala que un derecho fundamental es un triunfo; es decir, cada vez que esté en juego un derecho fundamental es este el que triunfa. Para mayor referencia véase de Dworkin (1993) Los derechos en serio.
  3. Por paleopositivismo jurídico entendemos al antiguo positivismo jurídico que se refería a las formas del derecho y no así a los contenidos de la norma. Para una mayor referencia, véase de Ferrajoli (2006) Derechos y garantías: La ley del más débil.
  4. Ernesto Laclau señala respecto a los significantes flotantes lo siguiente:En primer término, para que el flotamiento sea posible, la relación entre significante y significado tiene ya que ser indefinida —si el significante estuviera estrictamente adherido a un solo significado, ningún flotamiento podría tener lugar—. Es decir, que el flotamiento requiere una vacuidad tendencial. Pero, en segundo lugar, el módulo del flotamiento requiere: 1) que el término flotante se articule diferencialmente a cadenas discursivas opuestas (de otro modo, no habría flotamiento en absoluto); 2) que dentro de estas cadenas discursivas, el término flotante funcione no solo como componente diferencial sino también equivalencial respecto de los otros componentes de la cadena. (Laclau, 2002: 26).
  5. Una de las condiciones del pluralismo jurídico, pero también de los otros pluralismos (político, lingüístico, cultural, institucional, etc.) es la preexistencia de otros derechos, de otras comunidades de derechos. Entonces, la Constitución solo vuelve a restablecer esta condición que su artículo 1 ha denominado como pluralidad. En la redacción que se desarrolla en este texto no se ha querido recurrir a la noción de reconocimiento del pluralismo, pues esta noción de reconocimiento puede generar tensión entre el que reconoce y el (o los) reconocido(s).
  6. Para el estudio de la voluntad constituyente se hace uso de los documentos compilados en la Vicepresidencia del Estado (2012): Enciclopedia histórica documental del proceso constituyente boliviano, tomos 2, 3 y 5.
  7. El carácter producido e inventado trata de apartarse de la dicotomía entre lo artificial y lo natural. Inicialmente, en los primeros borradores de este texto y en otras publicaciones en las que sostuvimos esta idea (Rojas, 2011; Rojas y Rodríguez, 2013), nos referíamos a un carácter artificial de esta comunidad de comunidades de derechos, pero el término “artificial” convoca internamente a la noción de naturaleza. No se trata de oponer esta comunidad de comunidades a la naturaleza, sino desplazar la noción de naturaleza a la noción de producción colectiva de esta comunidad de comunidades, generando el diálogo entre comunidades, un diálogo que debe partir de la igualdad y que a la vez debe conservar su carácter abierto.
  8. Esta idea de una comunidad sin comunidad ha sido tratada por Jean-Luc Nancy en su texto La comunidad desobrada:La Comunidad es lo que tiene lugar siempre a través del otro y para el otro. No es el espacio de los mí-mismo sino de los yo, que son siempre otros […]. No es una comunión que fusione los mí-mismo en un Mí-mismo o en un Nosotros superior. Es la Comunidad de los otros. La verdadera comunidad de los seres mortales […]. La Comunidad ocupa por tanto un lugar singular, asume la imposibilidad de su propia inmanencia, la imposibilidad de ser comunitario en tanto que sujeto. La Comunidad asume e inscribe —es su gesto y trazado propios—, de alguna manera, la imposibilidad de la comunidad. (1999: 35).
  9. Por pluralismo jurídico entendemos la existencia de otras fuentes de derechos, de otras lógicas y posibilidades políticas de producir los derechos y el lenguaje de los derechos. En este sentido, se abandona en parte el pluralismo en su vertiente liberal (como tolerancia con otras formas de vida) y se abre a la hospitalidad (como convivencia de todas las formas de vida sin centralidad).
  10. Declaran la inconstitucionalidad de una interpretación de la norma motivo de la acción, y mantienen la disposición como constitucional. Los parámetros de interpretación son explicitados en la misma sentencia por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
  11. Parten de la premisa de que se puede declarar la inconstitucionalidad de una disposición debido a que se encuentra incompleta; es decir, que se dé el caso de una inconstitucionalidad por omisión. O bien, se puede declarar la constitucionalidad, pero el Tribunal debe enmendar el contenido (en consecuencia, abarcar una función legislativa positiva). En las sentencias aditivas también se puede fijar un plazo para que el órgano encargado complemente la disposición.
  12. Son similares a las sentencias aditivas. La diferencia radica en que, si bien declaran inconstitucional una disposición o una parte de ella, la sustituyen (por completo o reemplazan la parte declarada inconstitucional) por otra disposición: sea de la Constitución o del bloque de constitucionalidad o, incluso, por otra disposición producida por el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional. Una vez más este tribunal se convierte en un legislador positivo.
  13. El término ratio proviene de una voz latina que se define como razón o justificación de una regla jurídica. Estados como Alemania denominan a la ratio decidendi como tragende, que quiere decir fundamentos de soporte; en cambio, en Estados Unidos se utiliza la expresión holding (López, 2006). En Bolivia es conocido el término ratio decidendi para referirse a la razón de la decisión. Pese a estas denominaciones, no es fácil dar una definición de lo que supone o trata una ratio decidendi. Según Rivera (2007), es en la ratio decidendi dondese consignan las normas adscritas obtenidas de esa labor de interpretación, interrelación o integración de las normas jurídicas aplicables a la resolución del caso concreto, que se constituirán en los precedentes jurisprudenciales constitucionales o precedentes obligatorios que deben ser aplicados por los jueces y tribunales ordinarios en otras situaciones o casos análogos. (278).

    Así, la ratio decidendi conlleva los fundamentos lógicos de la decisión, permitiendo demostrar una decisión justa de acuerdo a Derecho. Esta fundamentación incluye reglas, principios y razones para argumentar la decisión judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional.